Los Asesinatos en Ciudad Juárez…
“…el hombre, de casi setenta años de edad, andaba en una especie de aventura Viagra. Con base en las notas y facturas, había comprado esa droga en forma regular y había sostenido relaciones sexuales con numerosas prostitutas. El hombre guardaba notas detalladas sobre sus encuentros y tenía a la mano fotografías y detalles sobre sus compañeras de sexo…
“… Érika Pérez -así se llamaba- estaba semidesnuda, el asa de su bolsa estaba enredada en su cuello. Funcionarios del estado de Chihuahua, consideraron su muerte como resultado de una sobredosis de droga, concluyeron que el caso no debería ser investigado como homicidio…
“… Algunas tiendas de autoservicio de cadenas nacionales también contratan a mujeres jóvenes y las envían a diversos lugares en donde cuentan con sucursales. Estos negocios incluyen las escuelas de computación ECCO y las mercerías Estrella. Más de una docena de víctimas en Juárez y Chihuahua fueron reclutadas en las escuelas ECCO…
“…Los colaboradores del gobernador Patricio Martínez y su antecesor, Francisco Barrio, han considerado que los cadáveres fueron “sembrados” para perjudicarlos políticamente..
“…En febrero de 2005, las autoridades de Chihuahua presentaron al presunto asesino confeso de Sagrario González, José Luis Hernández Flores, quien aseguró haber participado en el homicidio a cambio de 500 dólares, pese a que un informe de CNDH relacionaba a este asesinato con el crimen organizado…
“…La mujer puso punto final a nuestra breve plática al decir: “Vale más que no publique nada en el periódico”…
Ciudad Juárez. La saña con que las mataban fue lo que me llamó la atención al principio. Fue una noche de invierno, en febrero de 1999, cuando leía hasta la madrugada una serie de relatos que narraban detalles de muerte tras muerte desde 1993. Así empezó todo. A pesar de lo que decían las autoridades, estos casos no eran normales y eran muchos. Meras niñas de entre 13 y 18 años fueron violadas, estranguladas y mutiladas.
Entre ellas estuvo Gladys Janeth Fierro, de 12 años, quien fue raptada en mayo de 1993 antes de ser encontrada sin vida. Fue violada y estrangulada. En septiembre de 1995 fue localizada otra estudiante, Silvia Rivera Morales, 17, esta vez en Lote Bravo, al sur del aeropuerto. Aparte de ser violada y estrangulada, el seno derecho le fue cercenado y el izquierdo arrancado a mordidas, al igual que ocurrió con otras de las víctimas que se hallaron en 1995 en el Lote Bravo, uno de los terrenos disputados de Ciudad Juárez, que pertenecía a diferentes familias poderosas.
Sagrario González, 17, obrera de una maquiladora, también desapareció después de salir del trabajo en abril de 1998. Días después se localizó su cuerpo en un lote baldío y se determinó que fue violada, estrangulada y acuchillada. En 1996 fueron seis las víctimas acuchilladas, mutiladas y violadas que se encontraron en una zona desértica conocida como Lomas de Poleo.
Los cadáveres de Lote Bravo y Lomas de Poleo estaban entre los 24 expedientes que estudiaron los especialistas de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) cuando visitaron Ciudad Juárez en marzo de 1999, después que el presidente Ernesto Zedillo solicitó apoyo al mandatario estadounidense Bill Clinton durante una reunión en Mérida, Yucatán, en febrero de 1999. Los cuerpos de algunas de las víctimas tenían un triángulo en la espalda, marcado con alguna arma punzo cortante. En el Oriente, el triángulo es un símbolo de la ultraderecha.
Los relatos que leía esa noche invernal eran desconcertantes. Aún los asesinatos de las mujeres no habían sido relacionados, pero casi todos se caracterizaban por una violencia extrema. También era evidente que seleccionaban a las víctimas y que existía algún sistema organizado para raptarlas. Se desaparecían en la zona del centro, a plena luz de día, sin que nadie viera nada. Al principio pensaba que se trataba de algunos delincuentes depravados que gozaban de protección por sus nexos con el bajo mundo. Había indicios de algo semejante. No me imaginaba, entonces, que detrás de las muertes había algo mucho más complejo y turbio….
La muerte de un abogado
Mario, su papá y Sergio Dante Almaraz, el defensor del otro chofer acusado, habían hecho garras ante los medios informativos el caso de las autoridades. Por eso habían sido amenazados de muerte. Poco antes, los tres abogados se habían entrevistado con el equipo de Downtown 20/20, de la red televisora ABC en Nueva York. Otros periodistas y yo estuvimos presentes en el despacho de los Escobedo cuando llegó la ABC. También llegaron las esposas de los chóferes acusados. Se difundió el programa el 31 de enero, y menos de una semana después Mario sería asesinado por policías.
Mario sentía que la gente que lo perseguía quería acorralarlo y su salida del estacionamiento se convirtió en una persecución a toda velocidad sobre las calles de Juárez, principalmente por Municipio Libre. Desesperado, Mario le habló a su papá con el celular que traía y con la otra mano navegaba su camioneta.
“Ayúdame!”, le dijo a su papá.
Su padre trató de calmarlo. Ya había subido a su auto para encontrarse con su hijo. En unos momentos, después de varias comunicaciones cortas y frenéticas, el papá escuchó un ruido fuerte por su celular, y perdió el contacto con Mario. Cuando llegó, tres minutos después, se dio cuenta de que había chocado la camioneta de su hijo. Pero Mario no murió del impacto, murió de un balazo. El lugar estaba rodeado de policías.
La primera versión oficial fue que los policías estatales mataron al abogado porque lo confundieron con El Venado. Después dijeron que Mario les había disparado y que tuvieron que defenderse. Posteriormente un testigo relató lo que pasó esa noche. El dijo que después de que chocó la camioneta del abogado, los policías que lo perseguían bajaron de sus camionetas, y uno de ellos, el primer comandante Alejandro Castro Valles, brincó a la parte trasera de la camioneta, rompió el vidrio con su arma y le disparó al abogado -que había resultado lastimado- en la cabeza.
La juez nunca aceptó la declaración del testigo, alegando que ya había terminado el tiempo para agregarlo al expediente. Fueron exonerados los policías. El diario Norte de Ciudad Juárez publicó fotografías comprobando que los balazos que tenía la camioneta de los policías no existían la noche que mataron al abogado. Aparecieron después, indicando que se habían sembrado las balas para sostener la defensa de los policías.
Pero había más detrás de la muerte del abogado. Fuentes de inteligencia de Estados Unidos y México dijeron que El Venado fue enviado por el capo Vicente Carrillo Fuentes para asesinar al gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez.
El cártel de los policías
La muerte de Javier Felipe El Negro Lardizábal figura como símbolo importante en la historia de las asesinadas en Juárez. Según el expediente de la denuncia que llevó a cabo su hermana, el ex agente municipal desapareció en mayo de 1993 cuando andaba investigando de manera encubierta la corrupción dentro de la policía estatal de Chihuahua. Ya había juntado información sobre agentes y comandantes supuestamente involucrados en el narco y en el robo de autos.
Una de las personas a las que investigaba era Sergio Rodríguez Gavaldón, quien tuvo la culpa de que sicarios conocidos como Los García hubieran matado en 2001 a la hija joven y al concubino de la doctora forense Irma Rodríguez Galarza, quien hacía las reconstrucciones de restos para poder identificar a hombres y mujeres que fueron víctimas de homicidio.
El ex policía Lardizábal fue visto por última vez cuando estuvo hospedado en el hotel Montecarlo, el mismo lugar que ocupaba como oficina Javier Benavides, el entonces subdirector de la Policía Judicial del estado. Benavides después fungió como jefe de la policía municipal en Juárez. Según familiares del extinto, la administración de Francisco Barrio contrató a Lardizábal para la investigación encubierta, cosa que no quiso reconocer la oficina del gobernador. El cadáver de Lardizábal fue localizado en noviembre de 1993 en Lote Bravo, el mismo lugar que se convirtió en un cementerio clandestino de mujeres jóvenes que fueron violadas y mutiladas en 1995.
En un video de la autopsia de Lardizábal aparecen las esposas con las que fue sujetado. No eran las esposas de él, y por el número seriado que se puede ver en el video, eran esposas de policías. Su hermana, Rosa Lardizábal, regidora para el gobierno municipal actual de Juárez, acusó formalmente a Jesús Buil Issa, comandante de la Policía Judicial del estado de Chihuahua, de tener que ver con la desaparición de su hermano. Buil Issa negó los señalamientos. Después de esto, jamás se volvió a saber de otra investigación de la corrupción policíaca hecha por las autoridades estatales o municipales.
Con la muerte de Lardizábal, nació el llamado cártel de los policías de Juárez. Rafael Aguilar, el primer gran capo de la ciudad, fue policía federal antes de entrar al narco, pero él representó la vieja guardia. Como referencia, 1993 fue el año en que Amado Carrillo Fuentes se apoderó de la plaza fronteriza, y desde mayo se desató un infierno que llegaría a incluir centenares de desapariciones y muertes de hombres y mujeres, cientos de narcoejecuciones, y más de 120 de las muertes sistemáticas de mujeres.
Phil Jordan, ex funcionario de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) en El Paso, Texas, comentó que el trabajo principal de los policías en Juárez era proteger los cargamentos de drogas de los narcotraficantes, y algunos se convirtieron en narcos de tiempo completo. Uno de ellos, el ex comandante municipal Roberto Corral, fue ejecutado en un ajuste de cuentas en 2002. Corral protegió a un narcotraficante que había violado a una niña de 11 años. Un policía municipal estuvo a punto de arrestar al sujeto en un rancho al sur de la ciudad, cuando llegó la orden de Corral de que se retirara de allí porque no tenía nada que ver la policía municipal en esos asuntos.
El cártel de Juárez
La corrupción de la policía a todos sus niveles en Juárez es clave para explicar por qué siguen los levantones misteriosos, las ejecuciones relacionadas con los ajustes de cuenta y los asesinatos sistemáticos de mujeres. Esto no pudo suceder de manera sostenida sin la influencia “y mucho billete” del cártel de los Carrillo Fuentes. La estrategia de Amado era utilizar el terror para eliminar a sus rivales y domar la estructura que trabajaría para él. La DEA confirmó que el cártel había infiltrado el gobierno del PAN en Chihuahua al inicio de los noventa.
Con el inicio del imperio de Amado en 1993 se desató una violencia estremecedora, que no ha dejado de azotar a la comunidad. Los códigos viejos, eso de dejar a los niños y a las mujeres en paz, se echaron a un lado. Dentro del cártel de Amado ahora todo se vale. Los pactos entre el cártel y el gobierno se armaron durante la gestión del ex gobernador Francisco Barrio, quien antes figuraba como símbolo importante del cambio y de la reforma política en Chihuahua.
En 1996 se encontraron en los arenales de Valle de Juárez los cuerpos de dos hermanas que radicaban en El Paso, Victoria y Pearl Parker. La policía de El Paso dijo que alguien las había convencido que fueran a Juárez, y allí las asesinaron con cinco balazos en la cabeza a cada una. Las autoridades relacionaron sus muertes con el narco. La policía paseña vinculó a las hermanas con Eddie Barragán, un hombre que junto con Jorge Garibay y Matthew Baca fue raptado en 1998 por policías en el Kentucky Club, en la avenida Juárez. En 2001 acompañé a la hermana de Jorge Garibay a un ejido al este de Zaragoza. Ella tenía una pista de que allí habían sepultado a su hermano desaparecido. A la mejor estaban también Barragán y Baca. Llevamos palas y se nos atoró el auto en los arenales. Según ella, estábamos en narcoterritorio. No encontramos nada, y mi coraje fue profundo cuando me enteré después de que la pista había venido de un psíquico.
Los periodistas
Hace cinco años charlaba con Sonia del Valle en un café de la Condesa, en el Distrito Federal. Ella entonces escribía para la agencia de noticias CIMAC. En esa época ella andaba tras una de las líneas que por casualidad yo y otros perseguíamos al mismo tiempo. Quería hablar con ella de esto. Sonia relató que después de consultar con sus fuentes, alguien de la Procuraduría General de la República le avisó de manera amigable que el asunto de Juárez se trataba de gente protegida, y que si ella persistía no había nadie en México que la podría proteger. Ya no volví a saber de Sonia por mucho tiempo.
Mi amigo Sergio González, de Reforma, recibió una golpiza en 1999, que lo llevó al hospital. Sus asaltantes le comentaron que era un encargo “del comandante” por lo de Juárez. El asalto ocurrió en el Distrito Federal. En agosto de 2002, llegó la escritora Isabel Arvide a El Paso, con José Vasconcelos, funcionario de la PGR, para platicar sobre los asesinatos de las mujeres. Conocí a Isabel cuando vino a Juárez en enero de 2002. Su escolta contaba con 11 agentes federales y tres Suburban blindadas. Acababan de nombrar a Jesús Chito Solís como procurador del estado de Chihuahua. Heidi Slaquet, amiga íntima de Isabel, había desaparecido en Juárez en 1995, y hasta la fecha Isabel sigue investigando qué fue de ella.
En la reunión con Vasconcelos le pregunté a él sobre varios puntos relacionados con los casos. Le pregunté sobre el paradero de los agentes federales que fueron señalados como responsables de las desapariciones, en 1998, de dos mujeres que trabajaron en el antro Pachangas. Los agentes, Carlos Cárdenas Cruz y Jorge García Paz, fueron transferidos a Querétaro y nunca más se supo de ellos. Dijo Vasconcelos que iba a indagar, y comentó que al procurador Macedo de la Concha le preocupaba lo que pasaba en Juárez. Pero más mujeres tendrían que morir antes de que los agentes de elite de la UEDO y la AFI pisaran Juárez para indagar. Al año siguiente, policías de Chito Solís arrestaron a Isabel dos veces en la ciudad de Chihuahua por supuesta difamación, primero al dueño de un diario, y la segunda vez por difamación al procurador.
¿Modus operandi?
A finales de febrero de 2003 llegó información a la FBI de El Paso sobre algunos lugares y personas en el centro de Juárez que podían tener algo que ver con las desapariciones y muertes de mujeres jóvenes. La FBI envió la información a la fiscalía estatal de Chihuahua, que investiga los crímenes. Rolando Alvarado, el fiscal federal de la UEDO que envió la PGR para investigar las muertes de las mujeres, también recibió la información.
Según la inteligencia, se utilizaba gente de las escuelas de computación ECCO para reclutar a víctimas, y también tenía que ver una casa de música llamada Paraíso Musical, un bar llamado Club 15, el Club Marlboro y el restaurante La Sevillana. Las autoridades afirmaron que algunas de las personas mencionadas vivían en El Paso. La inteligencia de la FBI decía que había planes inminentes para matar a más mujeres. ¿Y qué hacer con esto? Sentía que me ahogaba en un abismo de impotencia y que de mí dependían las vidas de las niñas de Juárez. Otros compañeros que andaban en esto me confiaron que habían caído en la depresión, y otros tenían pesadillas.
Para junio de 2003, el fiscal Alvarado comentó a miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos que le había pedido a sus jefes que lo cambiaran de estas investigaciones porque “no le hallaba” y que quería regresar a su tarea previa, la investigación de más de 300 hombres desaparecidos en Juárez desde 1993. Fue el colmo cuando confirmó otro agente de la PGR que los federales no habían entrevistado a testigos principales en relación con la información de inteligencia que recibieron. A la FBI le sorprendió que las autoridades mexicanas no pidieran apoyo, debido a que se mencionaba a gente de El Paso. Los agentes de la PGR tampoco se han arrimado a la FBI oficialmente para intercambiar información sobre los crímenes contra mujeres.
Ante el silencio oficial y la amenaza vigente de que más niñas serían sacrificadas se llevó a cabo una redada hecha por medios el 10 de agosto de 2003 para conocer los lugares que fueron señalados por la inteligencia de la FBI. Se llamó Operación Sagrario, por una de las víctimas. Amnistía Internacional estaba por difundir su informe sobre Juárez al día siguiente. Antes de la redada, fuimos a ver a Alejandro Gertz Manero en un hotel de El Paso. Lo acompañaban su coordinador de inteligencia y otra persona. Estuvieron presentes en la entrevista otros dos periodistas. Lo único que Gertz Manero quiso saber cuando terminamos fue cómo nos habíamos dado cuenta de que estaba hospedado en ese hotel. Como respuesta, le di las gracias al titular de Seguridad Pública por su tiempo y por la molestia.
Los políticos
“Pancho quiso hacer algo”, dijo un familiar cercano de Barrio cuando el ex gobernador fue nombrado titular de la Secretaría de la Contraloría.
“El quiso traer los mejores investigadores… pero se dio cuenta que estaban involucrados ricos y poderosos y no se pudo hacer nada.”
Fue cierto que Barrio trató de hacer algo cuando era gobernador de Chihuahua. Su administración contrató a Robert Ressler, agente jubilado de la FBI y perfilador de nivel mundial. También contrató a un investigador español, Antonio Parra, que trabajaba en el Distrito Federal. Dos criminólogos más fueron invitados, también del Distrito Federal, nada más que éstos llegaron cuando apenas entraban el nuevo gobierno de Patricio Martínez y la nueva fiscal especial, Suly Ponce.
Existe un paralelo entre el ascenso de Vicente Fox, del PAN, a la Presidencia y el gobierno de Chihuahua. Las expectativas fueron grandes durante las campañas electorales pero el resultado fue el mismo -un desastre en cuanto a la seguridad pública, tanto la del estado como la de la nación-. Durante el gobierno de Barrio empezaron a desaparecer mujeres jóvenes. Ahora que está Fox en Los Pinos se empiezan a extender estos tipos de crímenes a otros lugares de la República. Estas muertes podrían ser la firma del crimen organizado, un aviso por rivales políticos, o una mera casualidad.
Será el pueblo mexicano quien habrá de juzgar si Barrio en verdad no pudo hacer nada.
Los expedientes secretos
En 2001 una fuente de la inteligencia del gobierno federal estadounidense me comentó: “Estos (los asesinos) tienen más víctimas en otras partes de México… y hubieras visto los nombres que vimos”. No quiso elaborar más, pero después, por fuentes similares de México, empezó a llegar más información que indicaba que los asesinatos de mujeres en Juárez eran un asunto todavía más delicado que lo del narco.
Aprendí que hubo varias investigaciones mexicanas a nivel federal que se llevaron a cabo antes de 2003 y que fueron contundentes. En ocasiones distintas, también hubo oficiales estatales en Chihuahua que trataron -sin éxito- de seguir una de las líneas que ya conocían los investigadores federales. Agentes de la inteligencia del Ejército Mexicano también observaban con alarma lo que sucedía en Juárez. A ellos sólo se les permitía pasar la información a sus superiores.
Durante estas investigaciones numerosas personas fueron vigiladas. Se sabe quiénes son, “y está comprobadísimo”, dijo uno de los investigadores mexicanos. Otro investigador le escribió una carta a Vicente Fox sobre sus hallazgos. El agente no sabe si le llegó la carta al Presidente, y desde que la envió él es ahora el que está vigilado y hostigado. Como nunca se arrestó a los sospechosos, sólo se puede especular para qué fines se están usando los resultados. No se debe descartar el chantaje político o la extorsión. Anteriormente, la FBI afirmó que en Chihuahua existen dos expedientes sobre los casos, “el que muestran a todo mundo y el que se guardan (…) y nosotros sabemos lo que contiene el que se guardan”.
Las investigaciones mexicanas federales contienen relatos de oficiales y otras personas que facilitaban orgías donde se ultrajaba a mujeres que aparecían muertas después. Los investigadores dicen que algunas de las personas también participaban en los asesinatos. Entre los apellidos que funcionarios estadounidenses y mexicanos conocen de personas que supuestamente podrían saber de los hechos o podrían estar involucrados están: Molinar, Sotelo, Hank, Rivera, Fernández, Zaragoza, Cabada, Molina, Fuentes, Hernández, Urbina, Cano, Martínez, Domínguez y otros. No han vuelto a aparecer cadáveres en serie desde febrero, cuando se hallaron entre tres y cuatro por el Cristo Negro, y las autoridades en Chihuahua dicen que esto es prueba de que ya no están matando a mujeres. Pero informantes de la FBI han indicado que siguen las muertes, y la diferencia es que ahora los asesinos se están deshaciendo de los cuerpos de una manera espantosa.
EL FBI
La oficina del FBI en El Paso ha apoyado al gobierno en importantes investigaciones referentes a, por lo menos, tres categorías de crímenes masivos y desapariciones. En el primer caso, dio sustento a los únicos cargos por homicidio formulados contra el líder del cartel de los Carrillo Fuentes, Vicente Carrillo Fuentes, quien fue acusado de ordenar numerosas ejecuciones y detenciones en la década de los noventa. El FBI también aportó a México información sobre la participación del ejército en la guerra sucia, lo que ocasionó que varios generales del ejército fueran sometidos a juicio por su papel en esa oscura época. Asimismo, el FBI entregó pistas sobre los crímenes contra mujeres. Es muy sospechoso que ni las autoridades federales o estatales hayan actuado con base en estas pistas, además de mostrarse reacias a la directa participación del FBI en las investigaciones de los homicidios de mujeres. Sin duda, las semillas plantadas en México que dieron lugar a los femicidios no fueron sembradas en los años noventa; fueron cultivadas décadas atrás durante la violenta represión gubernamental en contra de movimientos sociales y políticos.
Operación Plaza Sweep
Residentes en Estados Unidos pudieron observar dentro del cartel a través de la Operación Plaza Sweep (Limpieza de Plaza), efectuada por el FBI en 1999. Esta investigación binacional, sin precedente, trazo nuevas rutas en esta materia. David Alba, en ese tiempo agente especial a cargo de la agencia federal estadounidense en El paso entabló comunicación con altos funcionarios federales de México después de recibir información creíble, procedente de testigos que aseguraban que el cartel había sepultado los cadáveres de hombres y mujeres desaparecidas en varios inmuebles de su propiedad en Juárez. La mayoría de la gente recuerda estos operativos a raíz de que los primeros reportes señalaban que quizá más de cien cuerpos podrían ser exhumados en esos sitios. El FBI tenía especial interés en el destino de ciudadanos de Estados Unidos que fueron vistos por última vez en Ciudad Juárez antes de desaparecer. Como resultado de este esfuerzo, fueron recuperados los restos de cuatro paseños.
Informante clave
El FBI aseguró contar con un informante que aportó datos precisos sobre la ubicación de las tumbas clandestinas. Al principio, éste acudió ante la DEA en El Paso, “pero se le tomó a burla”, según un alto oficial. Pero este sujeto, decidido a relatar su historia, se encaminó a la oficina del FBI. Aun cuando los investigadores del FBI se mostraron escépticos, éste insistió hasta que se le escuchó y pudo entablar comunicación con el agente federal del FBI Héctor CamariIlo, quien era residente experto en el cartel del narcotráfico y se percató de que realmente la historia de esta persona revestía credibilidad, así que consultó con sus superiores. Por lo menos treinta ciudadanos de Estados Unidos, incluyendo a Saúl Sánchez Jr. y su esposa Abigail Sánchez, continuaban desaparecidos en Juárez. (Casi nueve años después, una fuente de la PGR relató que elementos de la propia procuraduría y algunos sicarios, estuvieron involucrados en el secuestro de los Sánchez.) Los colaboradores de Alba, sin embargo, se enfrentaron a cierta resistencia por parte de la oficina de enlace del FBI en la embajada de Estados Unidos en el Distrito Federal. Alba requería tener la total certeza del interés del gobierno federal en llevar en conjunto este caso. Las opiniones estaban divididas dentro del FBI en El Paso, en el sentido de la conveniencia de proceder a una investigación en la frontera. Alba se quedó aún más desconcertado cuando Edmundo Guevara, un oficial del FBI asignado a la embajada de Estados Unidos en México, dio a entender al FBI de El Paso que sus homólogos mexicanos no tenían ningún interés en ese operativo. Tiempo después, Guevara sustituyó a Alba como jefe de la oficina en El Paso.
Alba resolvió no perder más tiempo por las vías diplomáticas y se dirigió al procurador, Jorge Madrazo. El caso traía complicaciones innegables, incluyendo la posibilidad de que agentes federales de Estados Unidos tuvieran que colaborar conjuntamente con policías que pudieran tener algunos compromisos con los cárteles. Alba se entrevistó con Madrazo, quien después de verificar los informes, aceptó participar. Madrazo pretendía iniciar los operativos en septiembre de 1999, pero el FBI argumentó que requería más tiempo para coordinar la logística en estos operativos. El FBI, quien recibió luz verde desde su cuartel general en Washington, convocó a numerosos agentes y expertos forenses para colaborar en estas acciones. Alba designó a Frank Evans, su asistente especial, para encabezar los operativos. Evans estaba preparado para este tipo de trabajo debido a su experiencia en estas investigaciones. También había investigado a la mafia italiana en Estados Unidos. “No podíamos trabajar con la policía local de Juárez debido al omertá [pacto de silencio] que guardaban”, dijo Evans. “Por eso nos fuimos con la gente de confianza de Madrazo.”
Para los operativos de campo, el FBI montó un anfiteatro temporal en El Paso, e instaló un sistema de comunicación por satélite, para que los altos funcionarios pudieran observar el curso de las excavaciones desde sus oficinas. (El ejército estadounidense empleó el mismo sistema de comunicaciones que utilizara durante la guerra contra Iraq en 2003.) México, por su parte, tuvo la encomienda de proveer seguridad extraordinaria al personal del FBI que trabajaría en Juárez. Madrazo desplegó a cientos de soldados y agentes federales, enviados desde la ciudad de México, para resguardar esta investigación sin precedentes.
Justo al ser lanzado este operativo, mi encomienda para el periódico de El Paso consistió en reportar las actividades del rancho en el sur de Juárez conocido como Rancho de la Campana, donde habían desenterrado cinco cuerpos. El primer día de nuestra cobertura, escribí cinco historias para el periódico y aparecí en el programa Nightline de Ted Koppel, de la cadena de televisión ABC, programa diseñado para responder a las preguntas sobre las desapariciones en Juárez. Para los estadounidenses que no viven en la frontera, era difícil imaginar cómo, literalmente, cientos de personas podían desaparecer sin dejar huella. Yo dije en Nightline que según nuestra información el modus operandi era el mismo en la mayoría de los casos: grupos de comandos armados portando uniformes de policía y blandiendo rifles de asalto, aparecían y huían con sus víctimas. Mientras es motivo de polémica que algunos de los hombres armados sean falsos agentes policíacos, numerosos testigos declararon que las unidades de la policía municipal en Juárez con frecuencia escoltaron o rodeaban el área durante las violentas detenciones. Para la mayoría de la gente, las redadas parecían arrestos verdaderos. Sin embargo, familiares que después preguntaban a los agentes federales y policías municipales sobre el paradero de sus familiares desaparecidos, eran informados por la policía que no sabían nada de estas víctimas.
Estaban enterados
Jaime Hervella, fundador de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos, en El Paso, comentó que Arturo Chávez Chávez le dio una respuesta alarmante cuando le preguntó sobre uno de los desaparecidos. Chávez era el procurador general de Justicia estatal durante la administración de Francisco Barrio. Chávez nos dijo: “Debo admitir que [el procurador Antonio Lozano Gracia] no me notificó de las detenciones”. Asimismo, Hervella comentó que entre los desaparecidos se encontraban empresarios, abogados, mujeres, militares y comandantes de policía. Supuestamente, algunas víctimas eran arrojadas desde aviones sobrevolando las montañas de la sierra de Chihuahua. Las autoridades de Juárez se lavaron las manos en este asunto al culpar de estos misteriosos secuestros al cartel. Cuando se trataba de estos casos, oficiales federales y estatales se echaban la pelota unos y otros. Los oficiales de Chihuahua consideraban que funcionarios federales eran quienes debían investigar, mientras que los oficiales federales respondían que estos casos eran de la competencia de la policía estatal.
Las autoridades abordaron de la misma manera las ejecuciones del narcotráfico. A principios de 2004, Loren Magaña, codirectora, en Juárez, de la asociación, comentó que este grupo había documentado hasta 700 desapariciones (hombres en su mayoría) desde 1993. Como resultado de la etiqueta de narcotraficante que oficialmente les eran impuestas a las víctimas, muy poca gente de la comunidad estaba dispuesta a abogar por ellos. Era más fácil protestar por los asesinatos de mujeres. Pero no todos los desaparecidos estaban vinculados con el cartel. Algunos de ellos sólo estuvieron en el lugar equivocado, a la hora equivocada, o fueron desaparecidos por venganza o por motivos no relacionados con el tráfico de drogas. Por ejemplo, la paseña Claudia M. Rincón, de 27 años, desapareció el 14 de julio de 2000, cuando se dirigía a reunirse con Fernando Flores, el hijo de un alto funcionario policial de Juárez. El FBI revisó el caso, pero estaba limitado en la realización de su trabajo al lado estadounidense de la frontera, mientras el sospechoso principal se encontrara en territorio mexicano. Resulta que el sospechoso no pasó la prueba del detector de mentiras que le administró el FBI.
Judith Galarza, una antigua activista en Juárez, criticó el Operativo Plaza Sweep porque no estaba encaminado a la investigación de mujeres desaparecidas y asesinadas. Ella y otros activistas notaron que los cuerpos de varias mujeres habían sido encontrados en áreas cercanas a dos de las fosas clandestinas del operativo del FBI. Al inicio de mi investigación, no estuve de acuerdo con algunos activistas y académicos sobre el cartel en los asesinatos de mujeres. Ellos consideraron que los traficantes nada tuvieron que ver con los asesinatos. Pero siempre sospeché que el cartel y la corrupción policíaca eran las razones por las que las investigaciones de los asesinatos no progresaban. Lo que es más, el cartel proporcionaba el escaparate perfecto para encubrir asesinos en serie, imitadores, pandillas, traficantes y hombres de poder que tenían como blanco a mujeres jóvenes.
Silencio oficial
Hasta Plaza Sweep, la única respuesta que las familias de los desaparecidos recibieron del gobierno fue el silencio absoluto. Amenazas y hostigamientos también desalentaron a muchos de los familiares de las víctimas para presentar denuncias por desaparición de personas. Un detective de homicidios en Chihuahua había contabilizado a 1.100 homicidios de hombres en Juárez entre 1993 y 1999. Pero cientos de estos asesinatos se registraron después. La suma es espeluznante cuando le sumamos la cifra de hombres y mujeres asesinadas y de los desaparecidos. Teniendo en cuenta el contexto de violencia en Juárez, es lógico considerar que muchos de los hombres (y algunas mujeres) desaparecidos ya estén muertos. Mucho se desconoce de las demás mujeres desaparecidas como para concluir si están vivas o muertas. Juárez es un importante escenario para el tráfico humano, pero los funcionarios tienen que investigar si las mujeres fueron llevadas a otros lugares de México o hacia Estados Unidos. Por ejemplo, poco después del levantamiento de los zapatistas en Chiapas, en 1994, salió a relucir que el Ejército reclutaba mujeres como sexoservidoras para los soldados que vigilaban esa zona. ¿De dónde las traían? En 2004, una fuente del CISEN dijo que se sospechaba que el cartel de Ciudad Juárez había infiltrado y financiaba uno de los movimientos de rebelión en ese estado. En otro de los casos, funcionarios de la PGR habían declarado que el cartel de Tijuana tenía nexos con un grupo guerrillero en Colombia para intercambiar drogas y armas. Chiapas es un estado de tránsito importante para el tráfico de drogas, robo de autos, armas y personas. A Patricia Garibay, hermana de uno de los desaparecidos en los años noventa, le comentaron personas relacionadas con el narco que a algunos de los desaparecidos los mantenían laborando en plantíos en Chiapas, “y que a algunos afortunados los dejaban regresar a sus casas después de cierto tiempo”.
Nueve ejecutados
Plaza Sweep también enfrentó críticas severas por parte de varios políticos, quienes la calificaron como una invasión a la soberanía de su país, a pesar de que los mismos funcionarios habían invitado al FBI a investigar. Uno de los críticos fue el senador Francisco Molina Ruiz, excomisionado del Instituto Nacional contra las Drogas y exprocurador de Chihuahua. Jaime Hervella y otros integrantes de su asociación dijeron que cuando Molina Ruiz era procurador, éste comentó públicamente que los desaparecidos tenían que ser “o adictos o homosexuales”. Los investigadores de Estados Unidos y México se toparon con las críticas principalmente porque fracasaron en localizar todos los cadáveres que la gente se inclinaba a creer que serían recuperados mediante ese operativo. El FBI exhumó los restos de nueve hombres, quienes fueron severamente torturados antes de ser acribillados y sepultados, según los expertos. Los oficiales de Estados Unidos mencionaron que Vicente Carrillo Fuentes, acusado por las autoridades estadounidenses por la muerte de siete de estas víctimas, presenció algunos de estas ejecuciones. Además de los cinco cuerpos encontrados en el sur de Juárez, en un lugar conocido como Rancho de la Campana, otros dos fueron localizados en una finca a cinco kilómetros hacia el sur. Y otros dos se rescataron en un rancho en Santa Rosalía, controlado anteriormente por el líder del cartel de Juárez, Eduardo González Quirarte. (Este último es lugarteniente de Juan José Moreno Esparragoza, el Azul, un narcotraficante cuya hija, Nadia, al parecer mantuvo un romance con el gobernador panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal. El Azul fue elemento de la Dirección Federal de Seguridad antes de convertirse en traficante del cartel de Juárez.) El rancho de Santa Rosalía está cercano al Rancho de la Campana. Aun cuando los oficiales del FBI fueron notificados de que la mayoría de las víctimas -tal vez docenas- estaban sepultadas en el rancho de Santa Rosalía, ellos tenían información específica solamente para dos de las víctimas. Sin dar mayor detalle, Frank Evans comentó: “Era un terreno demasiado grande para estos operativos”.
Federales a prueba
Para la investigación, el FBI sometió a pruebas de polígrafo a los principales oficiales federales asignados para trabajar con ellos. Los oficiales accedieron a someterse a cualquier prueba y a la investigación de sus antecedentes. Trini Larieta y el doctor Miguel Aragón fueron de los funcionarios de la Procuraduría General de la República que solicitaron y pasaron la prueba del polígrafo. Los agentes del FBI que habían cruzado la frontera el 29 de noviembre de 1999 en busca de víctimas, suspendieron las excavaciones y regresaron a El Paso a mediados de diciembre. En ambos lados de la frontera, la investigación, al final, se desvaneció. Antes de que terminara, Alba fue ascendido y transferido a Washington. Dejó en su lugar a Frank Evans para que continuara con los trabajos. La operación concluyó poco después de que Edmundo Guevara asumiera el cargo como agente especial del FBI en El Paso. Los oficiales del FBI comentaron que Guevara había insultado al doctor Aragón, a quien se le había dado espacio para trabajar en las oficinas de la agencia durante el operativo. Al sentirse persona non grata, Aragón se retiró después de su desagradable encuentro con el nuevo jefe del FBI. Los agentes mencionaron que Guevara cerró la investigación por la parte estadounidense y destinó a los agentes a otros casos. En México, Madrazo y sus colaboradores pagaron también un alto precio por su actuación en estos operativos. Larieta estuvo a punto de formar parte de una controversia, y al igual que el doctor Aragón, salió de la PGR. Después de que Fox asumiera la presidencia, Madrazo fue nombrado cónsul en Oregon, en tanto que el funcionario que fuera el cerebro del famoso maxiproceso, fue enviado a un consulado en Europa.
Siguen ajustes del cartel
El cartel Carrillo Fuentes continuó con su reinado en Juárez y un mayor número de mujeres fueron asesinadas. En 2001, el cuerpo de Jesús Sotelo, un narcotraficante, fue hallado a un lado del Rancho de la Campana, y dos años después, Daniel Sotelo, un familiar y también narcotraficante, fue asesinado en Chihuahua. Pero la aportación del FBI no concluyó con los nueve cuerpos encontrados o con la acusación formal del capo. La operación también dirigió al FBI hacia territorio no explorado, así como a significativas pistas respecto a las desapariciones de hombres y mujeres en México durante las décadas de los setenta y ochenta. Los oficiales dicen que la revelación de estos detalles hubiera ocasionado un terremoto político en México. Esta parte de la Operación Plaza Sweep se menciona por primera vez aquí.
El FBI y la guerra sucia
Rosario Ibarra de Piedra estuvo en Juárez, en 2002, para expresar su solidaridad a las madres de las víctimas asesinadas o desaparecidas. Me reuní brevemente con ella en un domicilio del centro de Juárez, en el cual se encontraban Marisela Ortiz, cofundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, la profesora Julia Monárrez, del Colegio de la Frontera Norte y el criminólogo Óscar Máynez. Ibarra, una mujer de 70 años y exlegisladora, activista ampliamente respetada por su labor pro los derechos humanos que ha luchado contra el gobierno durante décadas en su peregrinar para averiguar qué ocurrió con su hijo desaparecido Jesús Piedra, un estudiante de medicina señalado como líder de movimientos comunistas en México. Los fiscales mexicanos quienes acusan a Miguel Nazar Haro de la desaparición de éste, en 1975, en Monterrey, dijeron que el estudiante universitario fue detenido por la policía estatal y visto por última vez en 1976, en el Campo Militar Número Uno, en la ciudad de México.
Aun cuando Nazar insiste en negar su intervención en las torturas, admitió haber fundado la Brigada Blanca, un grupo paramilitar que detectaba a los sospechosos de disidencia en varios estados de la república, incluyendo Chihuahua. La Brigada Blanca estaba vinculada a la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, encabezada por Nazar y Luis de la Barreda Moreno, y era integrada por policías y soldados que actuaban bajo las órdenes de esta agencia. Por más de treinta años, el gobierno negó la existencia de la brigada secreta. Las medidas represivas aplicadas contra los disidentes se registraron durante las administraciones de los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo.
Los sobrevivientes de la guerra sucia en México sostuvieron que víctimas de torturas a manos de la policía y detenidos de manera ilegal fueron llevados a cárceles clandestinas y cuarteles militares. En vista de las reiteradas negativas oficiales, el mayor obstáculo que estas personas encontraron fue el que alguien les creyera. Rosario Ibarra estuvo ese día entre las mujeres de Juárez, a quienes alentó para que persistieran en su búsqueda de la verdad. A ella le había tomado toda una vida obtener algunas verdades, pero la justicia tan anhelada aún la evadía. Vicente Fox, el primer candidato de un partido de oposición electo presidente, no fue el primer funcionario federal de alto nivel en escuchar sus demandas. Ibarra no tenía la menor idea (ni nosotros tampoco) de que el FBI en El Paso contaba con la clave de los secretos más celosamente guardados en México sobre el destino de cientos de sus hijos e hijas.
EL FBI culpa al ejército
Sin quererlo, la fuerza de elite estadounidense se ha convertido en el centro de convergencia para el candente tema de los derechos humanos. La Operación Plaza Sweep, llevada a cabo por la agencia en 1999, condujo al FBI hacia un nuevo territorio surgido del arranque de la investigación de las fosas clandestinas. El gobierno de Estados Unidos mantuvo oculto este operativo, pero el FBI proporcionó el resultado de las investigaciones al gobierno federal. Jorge Madrazo era procurador cuando su oficina y la agencia estadounidense iniciaron la Plaza Sweep. Madrazo, quien continuó en el gobierno como cónsul en Estados Unidos, no ha mencionado palabra alguna de este explosivo y voluminoso expediente del FBI. Obtuve la primera pista al recibir un mensaje que decía: “Pregunte sobre los generales”. Pero habrían de transcurrir dos años antes de recibir una respuesta. Escribí sobre la detención de los generales Mario Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo en agosto de 2001, después de que la oficina de Madrazo anunciara que estaban acusados de proteger al cartel de los Carrillo Fuentes. En Estados Unidos, las autoridades federales consignaron a Vicente Carrillo Fuentes al haber ordenado supuestamente el asesinato de diez hombres en Juárez, incluyendo algunos cuyos cuerpos fueron descubiertos durante la excavación de fosas clandestinas en varios ranchos del cartel. Pero ni Madrazo ni su asistente Trini Larieta mencionaron, en esa ocasión, los cargos restantes que habrían de enfrentar los generales como resultado de una investigación del FBI. Ibarra y organismos internacionales como Human Rights Watch habían acusado al poder militar de México de serias violaciones a los derechos humanos, pero el gobierno respondía con silencio o negativas. Asimismo, los militares insistieron en refutar cualquier participación en la guerra sucia del país. Revelar lo que el FBI tenía hubiera provocado un escándalo político.
Para llevar a cabo esta minuciosa investigación sin precedente, esta agencia federal tenía a su disposición importantes herramientas, desde informantes hasta un arsenal de archivos de inteligencia. “No hay un investigador en México que sepa con lo que cuenta el FBI [...] las capacidades de éste van más allá de lo que la PGR siquiera imagina”, mencionó la fuente de la agencia federal. Para esta parte de la investigación, el FBI estaba autorizado a hurgar en los bancos de inteligencia de Estados Unidos para desarrollar un archivo detallado del polémico papel desempeñado por el ejército en las décadas de los setenta y ochenta. “Como resultado de ello, fuimos capaces de documentar las muertes de 600 personas en México, en donde el ejército estaba involucrado”, dijo la fuente del FBI. La agencia contaba con testigos de estos hechos, así como otros informes fidedignos. También proporcionó al procurador general de la República los nombres de los principales militares implicados y de los testigos presentes durante los secuestros militares, encarcelamientos y ejecuciones. El resto ya dependía del gobierno. “Entregamos a los funcionarios mexicanos suficiente información para que la utilizaran como base de su propia investigación”, expresó la fuente de la agencia. El problema ahora era ubicar a los implicados en los expedientes y que también tenían conocimiento de los hechos. De cualquier modo, el FBI había resuelto uno de los más grandes misterios en México.
Conscientes de que el vecino país del norte estaba enterado de todo, el gobierno ya no pudo darse el lujo de hacer a un lado lo inevitable -juzgar a sus elites militares consideradas intocables. El reporte del FBI mencionó que los militares Acosta y Quiroz eran reclutas cuando ellos y otros miembros de las fuerzas castrenses participaron en esta crisis política. Otros elementos se han retirado del servicio. Pero aparentemente, la Procuraduría General de la República tardó en emprender acciones respecto a los informes emitidos por el FBI. Una fuente del FBI dio esta explicación: “Fue tan vergonzoso que Edmundo Guevara concluyera la Operación Plaza Sweep, que fue necesario demorar cualquier aspecto del caso que pudiera tener un fuerte impacto para el gobierno”.
Posteriormente, México nombró a un civil como fiscal, quien fue presionado para investigar el papel del ejército en la desaparición política de hombres y mujeres. Según un informe de derechos humanos referente a México y elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Quiroz y Acosta “estaban implicados en las muertes y desapariciones de 143 personas durante la década de los setenta”. Sin embargo, un tribunal militar decidió que los acusados podrían ser juzgados sólo por 22 muertes (los juicios militares están cerrados al público). En noviembre de 2003, una persona cuyo nombre era Horacio Zacarías Barrientos Peralta fue asesinado a tiros en el estado de Guerrero. El hombre, de 55 años, mencionado en el expediente del FBI entregado anteriormente a México, había sido citado a declarar en contra de los principales implicados en la guerra sucia. Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal asignado para dar seguimiento a los alegatos en contra de la milicia, sostuvo que el asesinato de Barrientos no perjudicaría este caso gubernamental al tener más pruebas a la mano. Una cuestión delicada con activistas de derechos humanos fue que el general Acosta era graduado de la Escuela de las Américas de Estados Unidos, en donde, según sus detractores, lo adiestraron en la técnica de las torturas aplicadas a las víctimas de México. Amnistía Internacional y otras organizaciones cuestionaron si Rafael Macedo de la Concha, siendo militar, estaba dispuesto a impulsar la investigación hasta sus últimas consecuencias.
El ejército y el narco
En agosto de 2002, funcionarios judiciales dieron a conocer que un informante clave en el caso presentado en contra de los generales era el excapitán del ejército Gustavo Tarín. Según La jornada, las autoridades lo entrevistaron exhaustivamente en El Paso. Tarín sostuvo que Quiroz había autorizado el uso de aviones militares en la década de los setenta para el transporte de presos políticos y drogas. Tarín, uno de los informantes del FBI en El Paso con relación a la Operación Plaza Sweep, dijo también que durante algunos de esos viajes, los disidentes políticos al parecer fueron lanzados desde helicópteros. En los años noventa, al parecer el cartel también se deshizo de gente al arrojarla desde aviones o helicópteros del gobierno, justo durante el vuelo. Oficiales militares como Acosta, Quiroz y otros colegas habían utilizado lo practicado durante la guerra sucia, como apoyo al cartel. Kate Doyle, una analista experimentada para el Archivo de Seguridad Nacional (instituto de investigación privada en Washington), declaró a The Washington Post que documentos desclasificados demuestran que funcionarios de Estados Unidos estaban al tanto de cómo el gobierno mexicano “se había librado de sus opositores”, pero resolvieron concentrarse en temas de “mayor interés por parte de Washington, como el comercio y el petróleo”. El tiempo y las circunstancias dejaron entrever que las cosas no han cambiado cuando se trata de los crímenes contra mujeres. Por sus declaraciones a los medios de información en 2004, José Santiago Vasconcelos, brazo derecho de Macedo de la Concha, dejó en claro que no iba a haber nada, por parte del gobierno, en relación con gente importante que estuviera implicada en cualquiera de los dos asuntos -la guerra sucia o los asesinatos de las mujeres. “Qué decepción. Antes contábamos con Vasconcelos. En verdad, ya no hay nadie con quien trabajar”, expresó un oficial estadounidense.
Durante la gestión del presidente Miguel de la Madrid, la CIA adiestró a un equipo elite de militares que formaron parte de una unidad de inteligencia, según Laurie Freeman y José Luis Sierra. El equipo recibió instrucciones de rastrear y localizar a los barones de la droga y diseñar estrategias para desmantelar los cárteles. Después, en 1996, el ejército estadounidense creó un programa para adiestrar y equipar “tropas de choque antinarcóticos” denominada Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFES). Los nuevos comandos elite fueron comisionados en todo el territorio nacional para dar con su paradero y detener a los narcotraficantes, particularmente en el estado de Jalisco y en la frontera México-Estados Unidos, según Freeman y Sierra. El escritor Rafael Loret de Mola ha entrevistado al general Jesús Gutiérrez Rebollo en el penal de Almoloya de Juárez sobre los “rambos”, como les dice él, y Gutiérrez dijo que “tienen carta blanca para realizar todo tipo de actividades secretas y por toda la geografía nacional [...] yo firmaba sus cheques y nunca les vi la cara”.
Al igual que ha ocurrido con otros programas, algunos de los GAFES de elite desertaron de las filas militares para unirse al narcotráfico, además de que oficiales federales estadounidenses han confirmado que los desertores (los Zetas) han prestado sus servicios como sicarios. ¿Cómo es que estos equipos nunca dieron con los Carrillo Fuentes, el Azul Esparragoza o Eduardo González Quirarte, los barones del cartel de Juárez? En estos lugares de México, adonde despachaban los equipos antidrogas casi desde el Pentágono, también se ensayaba otra cosa. Una guerra contra el narco al estilo “Rambo”. Las mafias tenían que responder con una contraguerra. Los lugares en disputa representaban plazas del contrabando, y los futuros sitios de una gran ola de femicidios. En el año 2004 se llevó a cabo una táctica distinta, utilizando a bandas de comandos armados financiados al parecer por los sectores privados de México y Estados Unidos. Se les podía llamar paramilitares. La tarea de la Operación Dropkick de una banda era infiltrar y tumbar el cartel de drogas de los Arellano Félix. Según el equipo antidrogas privado, los carteles gastaron millones de dólares para rastrearlos. Así los narcotraficantes lograron asesinar a algunos de ellos, pero los “rambos” se infiltraron de tal manera que casi fue imposible identificarlos. Podían ser los grandes héroes del día, pero sin saber a quienes responden estos grupos encubiertos, también es difícil determinar si son respaldados por los gobiernos, por gente de un auténtico espíritu cívico, o por otros mafiosos que desean eliminar a sus rivales. Por casualidad, una de estas bandas privadas se topó con uno de los asesinos de las mujeres de Ciudad Juárez, y adquirió evidencia de este hombre por otros crímenes. No hay que olvidar que en los asesinatos de Digna Ochoa y Norma Corona, abogadas que se dedicaban a luchar por los derechos humanos, está implicado el ejército o los elementos antidrogas que trabajan con el ejército. La CIA debe saber muy bien quiénes fueron los autores intelectuales de sus muertes. He sospechado por mucho tiempo que la CIA también sabe la historia entera de los femicidios de México, pero es un asunto que siguen tratando como secreto de Estado. Debemos preguntar aquí: ¿para el beneficio de quién? Durante una época, según la revista La Crisis, las agencias de inteligencia de Estados Unidos utilizaron un rancho del capo Rafael Caro Quintero para entrenar a los contras de Nicaragua, y al parecer, Manuel Bartlett estaba informado de esto. La periodista Dolia Estevez reveló esto en una de sus columnas, citando a Ralph McGehee, un supuesto desertor de la Agencia Central de Inteligencia. No por nada le advirtió un barón de las drogas a Ana que “nada se podía hacer en relación con los femicidios”.
Mujeres de la guerra sucia
Leticia Galarza, hermana de la activista de Juárez, Judith Galarza, fue una víctima de la Brigada Blanca. Judith explicó que su hermana era sospechosa de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre, y fue desaparecida, en 1978, a manos de fuerzas de seguridad en la ciudad de México. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de su paradero. Durante la búsqueda de Leticia, la familia de la desaparecida se dio cuenta de que había dado a luz, probablemente dentro de la prisión. La familia logró localizar y recuperar al infante, pero nada de Leticia. Julián Mata, un activista miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFADEM), viajó a Ciudad Juárez en el 2001 para reunirse con miembros de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas de Juárez y El Paso, Texas. El propósito de la visita fue lograr que canales internacionales pudieran presionar a las autoridades para saber qué les ocurrió a las personas que desaparecieron en la década de los noventa, y cuyas desapariciones son atribuidas al cartel por los funcionarios de México y Estados Unidos. Asistí a la reunión con Mata, la cual se llevó a cabo en el domicilio de Loren Magaña, cuñada del desaparecido comandante Alfonso Magaña.
Mata comentó después que algunas de las mujeres, encarceladas durante el combate contra los disidentes en México, fueron violadas como una forma de tortura. Algunas resultaron embarazadas, y sus verdugos acentuaron su tortura al amenazarlas con quitarles a sus criaturas. Mencionó que algunas mujeres fueron recluidas en la cárcel después de ser acusadas falsamente de ejercer la prostitución, e incluso que los niños a quienes dieron a luz dentro de la prisión eran “robados”. Uno de los casos más sonados es el de Alicia de los Ríos Merino, quien fue detenida el 5 de enero de 1978, por elementos de la DFS y el ejército en México. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ella fue vista con otros en el Campo Militar Número Uno. Alicia fue acusada de ser integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre pero hasta hoy sigue desaparecida. La Brigada Blanca también llevó a cabo redadas en Juárez, y varias personas de Chihuahua siguen desaparecidas. Algunos como Minerva Armendáriz Ponce lograron su libertad. Según la Agencia Reforma de noticias, ella tenía 16 años cuando fue secuestrada en 1973, y la llevaron a la Quinta Zona Militar de Chihuahua, de donde fue trasladada por elementos de la DFS a la ciudad de México y llevada a una cárcel clandestina para ser torturada. El hermano de Minerva, Carlos Armendáriz Ponce, miembro del Movimiento Armado Revolucionario (MAR), fue asesinado en la sierra tarahumara junto con otros estudiantes. En julio de 2004, la exintegrante del MAR, declaró a la prensa que “los caídos, los desaparecidos, todas esas familias destrozadas merecen justicia [...] se trata de crímenes de lesa humanidad”. En caso de que el gobierno dé seguimiento a los informes otorgados por el FBI, Judith Galarza probablemente viva lo suficiente para presenciar una conclusión en el caso de su hermana.
La complicidad de funcionarios con el narcotráfico en ese tiempo, además de la tolerancia hacia toda clase de abusos, se combinaron para alimentar la corrupción oficial, sin precedente, que alcanzó su punto culminante con los crímenes contra mujeres. Los enlaces de complicidad se fueron tejiendo antes de la década de los noventa, y sirvieron después para sembrar el terror e inestabilidad en estados de ensayo, como Chihuahua, México y Morelos, donde se ha producido la industria del secuestro, la extensión del narcomenudeo y la violencia extrema. Esto se llama la “colombianización” de México, una aparente estrategia de los Carrillo Fuentes, que a su vez ha producido en ciertos lugares un gobierno “amafiado”.
Fragmento del libro:
“Cosecha de mujeres”. Safari en el desierto mexicano
Editorial Océano.
Autora: Diana Washington Valdez
