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Diciembre 18, 2006

LITEMPO

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Documentos del gobierno de Estados Unidos recientemente desclasificados, y entrevistas, han arrojado una nueva luz sobre lo que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sabía -y no sabía- sobre los terribles acontecimientos de 1968 en la Ciudad de México.

Estela en memoria de quienes murieron el 2 de octubre en 1968 en Tlatelolco (dedicada el 2 de octubre de 1993).

SERVICIOS INTERNOS INC.:
Winston Scott, el principal hombre de la CIA en esa época en México, era un encantador norteamericano de 59 años, que operaba desde la Embajada de Estados Unidos en Reforma. Los documentos de la CIA, ahora públicamente disponibles en los Archivos Nacionales en Washington, muestran que Scott se basó en su amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y otros altos funcionarios para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil, cuyas demandas desafiaban el monopolio gubernamental del poder.

Los documentos, dados a conocer aquí por primera vez, muestran que, entre 1956 y 1969, Scott reclutó en los niveles más altos del gobierno mexicano a un total de 12 agentes. Sus informantes incluyeron a dos presidentes de México, y a dos hombres que posteriormente fueron enjuiciados por crímenes de guerra.

El nombre codificado de la CIA para la red de espías de Scott era LITEMPO. Las letras LI representaban el código de la Agencia para las operaciones en México; TEMPO era el término dado por Scott a un programa que, en palabras de una historia secreta de la Agencia, era “una productiva y efectiva relación entre la CIA y un selecto grupo de altos funcionarios en México”. Iniciada en 1960, LITEMPO sirvió como “un canal extraoficial para el intercambio de información política selecta y sensible que cada gobierno deseaba obtener, el uno del otro, pero no a través de intercambios de protocolo público”.

En los archivos de la CIA, los agentes de Scott eran identificados con números específicos. LITEMPO-1, por ejemplo, era un hombre llamado Emilio Bolaños, sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación y presidente en los 60s. Diaz Ordaz era LITEMPO-2. Como su predecessor en los Pinos Adolfo López Mateos, era amigos personales de Scott. Asistieron a la boda con su tercera esposa, en diciembre de 1962, con López Mateos fungiendo como padrino, o testigo principal, en la ceremonia.

En los registros no se revela cuánto pagaba Scott a sus informantes de LITEMPO, pero por lo menos un alto oficial de la CIA pensaba que era excesivo. En una revisión del programa de LITEMPO de 1964, el jefe de Scott en Washington criticaba que “se les paga demasiado a los agentes y sus actividades no son debidamente reportadas”. Uno de collegas de Scott dijo que los agentes de LITEMPO eran “poco productivos y caros.”

Scott ignoraba estos reclamos. Frecuentemente se encontraba con sus agentes, a los que llamaba LITEMPOs, y reportaba a Washington sobre sus contactos. En octubre de 1963, le dio a LITEMPO-1, es decir a Bolaños, un “regalo personal” de 1,000 piezas de munición automática de Colt .223 para ser entregados a Diz Ordaz. En su reporte mensual al cuartel general de la CIA, comentó a sus superiores que en 1964, “cuando LITEMPO-2 [es decir Díaz Ordaz] se convierta en candidato presidencial, se podrían requerir cambios al programa de LITEMPO”.

Scott también cultivó una relación con Fernando Gutiérrez Barrios, quien era conocido como LITEMPO-4, en la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Scott conocía a El Pollo por lo menos desde 1960. Gutiérrez Barrios asistió a Scott en los días de pánico posteriores al asesinato del presidente John F. Kennedy, en noviembre de 1963, al interrogar a mexicanos que habían tenido contacto con el acusado como asesino, Lee Harvey Oswald.

Otro de los agentes de Scott, según los registros de la CIA, era Luis Echeverría, subsecretario de Gobernación a principios de los años sesenta, y quien es identificado como LITEMPO-8. Echeverría empezó a manejar solicitudes especiales del gobierno norteamericano para dar visas a viajeros cubanos que buscaban escapar de la revolución socialista de Fidel Castro. Cuando Echeverría ascendió en la jerarquía mexicana, también lo hizo en la importancia que le daba su amigo norteamericano. Se convirtió en un invitado ocasional a las cenas que Scott daba en su casa de las Lomas de Chapultepec.

En 1966, un subordinado no identificado de Gutiérrez Barrios, conocido como LITEMPO-12, comenzó a tener reuniones diarias con George Munro, uno de los oficiales de confianza de Scott, para traspasar copias de reportes provenientes de sus agentes de DFS sobre subversivos. De acuerdo con un documento de la CIA, LITEMPO-12 se convierto en la fuente mas productiva de inteligencia sobre “el PC [Partido Comunista], Cubanos en exilio, Trotskistas, y grupos culturales de bloque Soviético.”

Cuando en el verano y otoño de 1968 un movimiento estudiantil espontáneo convulsionó las calles de la capital, LITEMPO cobró todavía mayor importancia en la Ciudad de México y en Washington. Scott se apoyó en sus aliados en la cúspide del gobierno mexicano para monitorear y comprender los eventos que se desarrollaban, y que culminaron en la noche de la balacera que, el 2 de octubre de 1968, cobró innumerables vidas en la Plaza de Tlatelolco.

La historia de LITEMPO es una dimensión previamente desconocida a este trágico crimen.

Una noche de verano de 1968, uno de los hijastros de Scott salió a cenar al centro de la Ciudad de México con su madre y su padre, a quien llamaba “Scottie”.

“Después que terminamos”, recordó el hijo en una entrevista años después, “íbamos caminando de regreso hacia el coche cuando Scottie dijo, ‘miren, ahí hay música’. Pasábamos frente a lo que llamaban una peña, una especie de cafetería. Entonces dijo, ‘vamos a escuchar’.”

Aunque políticamente era conservador, socialmente era muy abierto, adepto a hacer amigos y a conversar.

“Así que ahí estábamos, bebiendo nuestras cervezas, mientras alguien cantaba una canción sobre Castro que era muy popular en esa época. El coro decía, “¿Fidel, Fidel, qué tiene Fidel/Que los Americanos no pueden con él?”.

“Scottie gozaba del momento así que también empezó a cantar, levantando su cerveza: “¿Fidel, Fidel, qué tiene Fidel/Que los Americanos no pueden con él?”.

De acuerdo con su hijo, la esposa de Scott dijo: “¿Scottie, sabes lo que están diciendo?

“Oh, algo sobre Fidel”, respondió.

Ella dijo, “sí, están diciendo que ustedes no pueden manejarlo”.

Scottie dijo algo así como que sólo era una canción, a lo que ella replicó, “sabes, si alguien no te conociera tan bien y te viera aquí cantando, pensaría que eres una especie de comunista”.

Scott tan sólo se rió, recuerda el hijo.

En su trabajo, Scott se encontraba obsesionado sobre una posible influencia del comunismo y de Cuba en México, pero renuentemente concedía que el movimiento estudiantil no estaba controlado por los comunistas. Aquel verano, la embajada de Estados Unidos compiló una lista de 40 incidentes aislados de agitación estudiantil desde 1963. Veintitres de los incidentes fueron motivados por carencias escolares; ocho protestas concernían a problemas locales. Seis fueron inspiradas por Cuba y Vietnam. Cuatro de las manifestaciones plantearon demandas relacionadas con el autoritarismo del sistema mexicano.

En junio de 1968, el embajador norteamericano Fulton “Tony” Freeman convocó a una reunión con Scott y otros miembros del equipo de la embajada. Francia acababa de ser desbordada por manifestaciones estudiantiles tan masivas, que hicieron caer al gobierno. Freeman quería discutir si lo mismo podía ocurrir en México. Debido a sus contactos en Los Pinos, las opiniones de Scott tenían un gran peso.

Scott y sus colegas llegaron a la conclusión de que Día Ordaz podía mantener la situación bajo control.

“El gobierno cuenta con diversas formas de medir e influir la opinión de los estudiantes y, cuando cree que los desórdenes exceden los límites que considera aceptables, se ha mostrado capaz y dispuesto a intervenir de manera decidida, hasta ahora con efectos positivos”, reportó Freeman en un cable al Departamento de Estado después de la reunión. “Más aún, los desórdenes estudiantiles, pese a la amplia difusión que reciben, simplemente carecen del músculo para crear una crisis nacional”.

Scott frecuentemente hablaba con Díaz Ordaz. Ferguson Dempster, un alto oficial de la inteligencia británica destacado en México, y amigo de mucho tiempo de Scott, contó a uno de los hijos de éste, que Scott entregaba un reporte diario al presidente mexicano sobre los “enemigos de la nación”.

Phillip Agee, entonces un joven oficial del operativo de Scott, contó más o menos la misma historia cuando rompió con la Agencia algunos años después, y publicó un libro en el que expuso sus operaciones. Agee describió el servicio de Scott a Los Pinos como “un resumen diario de inteligencia”, con una sección sobre actividades de las organizaciones revolucionarias mexicanas y las misiones diplomáticas comunistas, y una sección sobre acontecimientos internacionales, basada en información proveniente del cuartel general de la CIA.

A cambio, Scott transmitía al embajador Freeman y a la central de la CIA las opiniones de Díaz Ordaz y otros altos funcionarios. La postura pública de las autoridades mexicanas “frente a los disturbios, es que fueron instigados por agitadores de izquierda con el propósito [de] crear [una] atmósfera [de] inquietud”, decía Freeman en un cable a Washington. “La Embajada coincide con esta estimación general”.

Pero la inclinación de Scott a ver el movimiento estudiantil como una rebelión controlada por los comunistas, no surgió de los reportes que hacían sus numerosos informantes a la estación. Registros desclasificados de la CIA muestran que Scott tenía una red de fuentes de información en la UNAM y otras escuelas, llamada LIMOTOR, que lo mantenía bien informado sobre las políticas en el campus universitario. Anotó, que los estudiantes de la UNAM disputaban el control de las actividades estudiantiles al sector de las juventudes comunistas, al crear un nuevo Consejo Nacional de Huelga. “Aquellos que propugnan la acción violenta son todavía minoría”, reportó.

En conversaciones con sus agentes de LITEMPO, Scott se dio cuenta de que el afán de los altos funcionarios mexicanos de culpar a los comunistas de las crecientes protestas en las calles, coexistía con una especie de incertidumbre pasiva sobre lo que realmente estaba ocurriendo.

A fines de agosto, Díaz Ordaz designó a Echeverría para encabezar un nuevo “comité de estrategia”, creado para diseñar la respuesta gubernamental a los disturbios estudiantiles. Pero el jefe de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios, confesó que el gobierno no contaba con ningún plan para enfrentar los desórdenes estudiantiles, de acuerdo con un cable confidencial de la CIA.

El propio Scott se mostraba inseguro. Sus frecuentes “reportes de situación”, conocidos informalmente como Sitreps, hacían énfasis en la filiación comunista de los profesores que dirigían el movimiento estudiantil. En un reporte de agosto de 1968, titulado Los estudiantes escenifican desórdenes mayores en México, argumentó que los disturbios en el Zócalo representaban “un clásico ejemplo de la habilidad comunista para transformar una manifestación pacífica en un disturbio mayor”.

¿Pero qué comunistas? Díaz Ordaz estaba seguro de que el Partido Comunista Mexicano y la Unión Soviética estaban involucrados. Scott quería creerlo, pero no podía encontrar evidencias.

“Pese a que el gobierno pretende tener sólidas evidencias de que el Partido Comunista maquinó el alboroto del 26 de julio, y aparentes indicios de complicidad de la Embajada soviética”, reportó al cuartel general de la CIA, “es improbable que los soviéticos socavaran así sus cuidadosamente cultivadas relaciones con los mexicanos”.

Dentro de las fuentes de información de LITEMPO, observó Scott, la incertidumbre sobre el movimiento estudiantil estaba cediendo el paso al enojo.

“La oficina de la Presidencia se encuentra en un estado de agitación considerable, por la anticipación de nuevos disturbios”, escribió Scott a principios de agosto. “La presión para que Díaz Ordaz restaure la calma es particularmente intensa, debido al deseo de México de proyectar una buena imagen internacional”.

A partir de sus conversaciones con Díaz Ordaz, Scott empezó a tener un cuadro de cómo el Presidente iba a responder. Los intereses turísticos y comerciales llamaban a una “acción rápida”, le reportó a Washington. Scott sospechaba que el Presidente podía estar planeando utilizar al regente de la Ciudad de México, Alfonso Corona del Rosal, como un chivo expiatorio. Corona del Rosal era un ex general con reputación de duro. Para disgusto de Díaz Ordaz, ahora defendía una postura conciliatoria hacia los estudiantes. A partir de su larga experiencia, Winston sabía cómo operaba Díaz Ordaz.

“La incapacidad de un político para mantener la paz en el área a su cargo, ha proporcionado más de una vez al Presidente una excusa para abortar una carrera política”, escribió Scott. “Corona del Rosal ha sido mencionado como posible sucesor de Díaz Ordaz, y es posible que el Presidente haya decidido ‘quemarlo’.”

La siguiente manifestación fue la más grande hasta ese momento - pero también pacífica. Reforma fue tomada por una jubilosa multitud que se dirigía hacia el Zócalo. La gente gritaba, aplaudía, reía y lloraba al mismo tiempo. Las campanas de catedral repicaron y, aun dentro de la prisión de Lecumberri, los presos pudieron escuchar a los manifestantes. Los mexicanos se estaban liberando del miedo hacia su gobierno.

“No queremos las Olimpíadas”, cantaban los marchistas, “queremos la Revolución”. Scott informó al embajador Freeman que Díaz Ordaz estaba profundamente ofendido de que los estudiantes hubieran izado la bandera rojinegra de huelga en el Zócalo. Había ordenado a la policía antimotines y a la policía regular que utilizaran la fuerza, si era necesario, para disolver todas “las actividades y reuniones ilegales”.

Winston Scott no era un hombre que careciera de confianza en su habilidad para enfrentar situaciones difíciles. Había sido jefe de la oficina de la CIA en la Ciudad de México desde 1956, hablaba un español aceptable y sabía cómo manejarse dentro del mundo oficial mexicano. Uno de sus hijos adolescentes tuvo un destello de la autoridad de su padre cuando se vio involucrado en un accidente de tránsito en Reforma, y acabó en la estación de policía del Bosque de Chapultepec. Los agentes le sugirieron al joven que hiciera una llamada telefónica para conseguir un poco de dinero para la mordida que le aseguraría su liberación. El hijo llamó a Scott, quien dijo que llegaría en un momento.

“De repente, Scottie llega en su gran Mercury negro”, recuerda su hijo… “Tenía esas grandes placas diplomáticas rojas que habían dado para las Olimpíadas, lo que significaba que era el coche de alguien importante; y de él desciende un norteamericano alto con una chica adolescente. Scottie, por alguna razón, había traído consigo a mi hermana. Los policías mexicanos empezaron a repensar su postura. “Ah Chihuahua, ¿quién es ese?”

“Scottie le pone al primer policía que ve un billete de cien pesos en la mano. Luego, al segundo que ve, le pone otros cien pesos. Me pregunta si yo estoy bien y si el coche está bien. Yo le digo que estoy perfectamente y que lo único que tiene que hacer es pagarle al jefe. Pero él no hizo caso. Fue de un lado al otro de la habitación, estrechó la mano de todos y a todos les dio un billete de cien pesos. Al jefe le dio alrededor de cuatrocientos. Luego miró alrededor y dijo, “¿Todos contentos?”

“Todo mundo estaba muy contento. Ese era Scottie por antonomasia, el norteamericano que podía resolverlo todo”.

Conforme las manifestaciones estudiantiles se hicieron más grandes, la información de Scott proveniente de los agentes de LITEMPO daba cuenta de que los cables del embajador Freeman a Washington eran cada vez más alarmantes, informando que Díaz Ordaz y la gente alrededor de él se expresaban con creciente dureza. El gobierno “implícitamente acepta que, como consecuencia, esto va a acarrear víctimas”, escribió el Embajador. “Los dirigentes de la agitación estudiantil han sido y están siendo llevados a la cárcel… En otras palabras, la ofensiva [gubernamental] contra los desórdenes estudiantiles se ha abierto hacia frentes físicos y psicológicos”.

Scott sabía que Díaz Ordaz pensaba que la aplicación de la fuerza era la única solución. “La política gubernamental que está actualmente en curso para desactivar los levantamientos estudiantiles, hace un llamado a la inmediata ocupación por el ejército y/o la policía de cualquier escuela que esté siendo ilegalmente utilizada como centro de actividad subversiva. Esta política continuará siendo aplicada hasta que prevalezca la calma total”, participó a sus superiores en Washington.

A fines de septiembre, Scott reportó que el gobierno “no está buscando una solución de compromiso con los estudiantes, sino más bien poner fin a todas las acciones estudiantiles organizadas antes de que empiecen los Juegos Olímpicos… Se cree que el objetivo del go[bierno] es cercar a los elementos extremistas, y detenerlos hasta que pasen las Olimpíadas”, programadas para su inauguración a mediados de octubre.

Los dirigentes del movimiento de los estudiantes convocaron a una reunión pública. Mermados por los arrestos, confrontados con un gobierno de línea dura, y teniendo frente a sí la inauguración de los Juegos Olímpicos en menos de dos semanas, en la tarde del 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas en el complejo habitacional de Tlatelolco, deseaban una convocatoria amplia para anunciar su siguiente paso. Esa mañana, Scott reportó que la determinación del gobierno mexicano de llevar a cabo unas Olimpíadas exitosas, probablemente evitaría incidentes mayores. Sin embargo, advirtió que hechos repentinos e insospechados no podían ser descartados.

“Cualquier estimación como ésta, de la probabilidad de actos intencionales diseñados para alterar el curso normal de los acontecimientos, debe tomar en cuenta la presencia de radicales y extremistas, cuya conducta es imposible de predecir. Y personas y grupos como estos existen en México”, escribió el 2 de octubre.

Ésta puede haber sido la voz de la considerable experiencia de Scott en México. Pero también puede ser producto de una información que le fue proporcionada por amistosos LITEMPOs, que tenían sus razones para creer que “radicales y extremistas”, cuya conducta “es imposible predecir”, estaban a punto de actuar.

La manifestación en Tlatelolco se inició alrededor de las cinco de la tarde. Tanques rodeaban la plaza y, sentados en ellos, los soldados limpiaban sus bayonetas, pero no había una situación particularmente tensa. Al atardecer, se habían reunido ahí entre cinco y diez mil personas.

Los jefes militares sobre el terreno acababan de recibir la orden de impedir que el acto se llevara a cabo. Las órdenes indicaban el aislamiento y la detención de los dirigentes, y su entrega a la DFS. Un grupo de oficiales vestidos de civil, conocido como el Batallón Olimpia, llevaba sus propias instrucciones. Debían llevar ropa civil con un guante blanco en la mano inzquierda, y apostarse en los pasillos del edificio Chihuahua que miraban hacia la plaza. Cuando recibieran la señal, en forma de una bengala, debían impedir que cualquiera entrara o saliera de la plaza, mientras los dirigentes estudiantiles eran detenidos. Finalmente, un grupo de oficiales de policía recibió la orden de arrestar a los líderes del Consejo Nacional de Huelga.

Lo que prácticamente nadie supo sino hasta treinta años después, fue que Luis Gutiérrez Oropeza, el jefe de Estado Mayor del ejército mexicano, había apostado en el piso superior del edificio Chihuahua a diez hombres armados, y les había dado órdenes de tirar sobre la multitud. Actuaba por órdenes de Díaz Ordaz, según una reveladora historia publicada en Proceso, en 1999.

De acuerdo con el libro de Jorge G. Castañeda sobre la presidencia mexicana, Oropeza era el enlace entre Díaz Ordaz y Echeverría. Oropeza también era amigo de Scott y cenó por lo menos una vez en su casa, de acuerdo con un libro de invitados conservado por su familia. No existe evidencia de que Oropeza haya sido un agente de LITEMPO o que haya actuado bajo indicaciones de la CIA el 2 de octubre.

Justo en el momento en que un orador de los estudiantes anunciaba que la programada marcha hacia el Casco de Santo Tomás, en el campus del Politécnico, no se llevaría a cabo por la amenaza de violencia armada, aparecieron repentinamente bengalas en el cielo y todo mundo miró automáticamente hacia arriba. Fue cuando se inició la balacera.

Una ola de gente corrió hacia el otro extremo de la plaza, sólo para toparse con una fila de soldados que venía en sentido opuesto. Corrieron entonces hacia el otro lado, a la zona de fuego. En palabras del historiador Enrique Krauze, fue “un círculo infernal cerrado”, una “operación de terror”.

Win Scott envió su primer reporte alrededor de la medianoche. Fue procesado en el cuartel general [de la CIA] y transferido a la Casa Blanca, donde fue leído a la mañana siguiente. Algo gordo había pasado en Tlatelolco.

“Un adulto [fuente clasificada] contó ocho estudiantes y seis soldados muertos, pero un puesto cercano de la Cruz Roja recibió 127 estudiantes y treinta soldados heridos”.

“Una fuente clasificada dijo que los primeros tiros fueron disparados por estudiantes, desde departamentos del edificio Chihuahua”.

Una fuente clasificada norteamericana “expresó la opinión de que fue un enfrentamiento premeditado provocado por estudiantes”.

Otra fuente clasificada dijo que “la mayoría de los estudiantes que se encontraba sobre la plataforma del orador estaba armada, alguno con una ametralladora … las tropas sólo habían respondido al fuego de los estudiantes”.

Ninguno de los reportes de Scott resulto cierto. Su única observación atinada fue que “éste es el incidente más serio de la racha de disturbios estudiantiles que se inició a fines de julio”.

Su siguiente reporte de situación citó a “observadores entrenados” que creían que los estudiantes instigaron el incidente. Dijo que el incidente de Tlatelolco levantaba cuestionamientos sobre la capacidad de México para proporcionar seguridad durante las Olimpíadas.

Agentes del FBI norteamericano en la Ciudad de México, que trabajaban de cerca con Scott, reportaron que estudiantes trotskistas habían formado un grupo llamado Brigada Olimpia, para provocar el ataque. Estos estudiantes presuntamente estaban vinculados con comunistas de Guatemala y, supuestamente, habían disparado los primeros tiros.

El FBI reportó que Díaz Ordaz había dicho a un “visitante norteamericano”, que podría haber sido el propio Scott, que creía que los disturbios habían sido “cuidadosamente planeados”.

“Muchísima gente ha entrado al país”, habría comentado el Presidente. “Las armas usadas eran nuevas y tenían borrado el número de registro. Los grupos de Castro y del comunismo chino estaban involucrados en el esfuerzo. Los comunistas soviéticos tendrían que ponerse a la altura para evitar que se les llamara gallinas”.

En Washington, Walt Rostow, asesor de seguridad nacional del presidente Lyndon B. Johnson, intentó clarificar los contradictorios reportes. Le mandó una serie de preguntas a Scott, quien fue a ver a Díaz Ordaz. Regresó de ahí con respuestas que evidenciaban lo poco que sabía.

¿Los estudiantes mexicanos estaban utilizando rifles nuevos, con números sacados de registros chinos?

No hay verificación hasta el momento, dijo Scott.

¿Individuos provenientes de fuera de México participaron en el movimiento estudiantil?

Tres estudiantes, un chileno, un francés y un norteamericano fueron arrestados el 26 de julio y deportados. Dos otros estudiantes franceses no fueron aprehendidos, subrayó.

En otras palabras, no había un solo reporte de involucramiento extranjero en las ocho semanas previas. Mientras la prensa mexicana jugaba constantemente la carta de la injerencia extranjera, Scott decía que “ninguna evidencia concluyente a este respecto ha sido presentada”.

¿Podía verificar la historia del FBI sobre una izquierdista Brigada Olimpia que había provocado la balacera?

Un pequeño grupo de estudiantes universitarios trotskistas había formado una agrupación llamada “Brigada Olimpia”, dijo. Una fuente dijo que planeaban volar transformadores para interferir con los eventos olímpicos, y secuestrar autobuses que transportaran atletas participantes en los Juegos.

La Casa Blanca y el cuartel general de la CIA no dejaron de advertir que Scott parecía saber muy poco sobre lo que había pasado en Tlatelolco, que los reportes sobre el involucramiento cubano y soviético estaban inflados y que el alegato gubernamental de una provocación izquierdista no podía ser probado.

Wallace Stuart, un consejero de la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, dijo más tarde que la estación de la CIA había presentado 15 diferentes, y en ocasiones flagrantemente contradictorias, versiones de lo que había ocurrido en Tlatelolco, “¡todas provenientes de ‘fuentes en general confiables’ o de ‘observadores entrenados’ en el terreno!”

Scott había caído en una clásica trampa de espías. Se había vuelto demasiado dependiente de sus fuentes bien colocadas. No tenía forma independiente de allegarse información sobre un acontecimiento político sumamente importante.

La masacre de Tlatelolco, dice el historiador Sergio Aguayo, divide “las aguas de la historia mexicana. Acentuó la turbulencia de aquellos años, y sirvió para concentrar el poder en los servicios de inteligencia, dominados por un pequeño grupo de hombres, duros e incontrolables”.

Con la asistencia de Win Scott, a lo largo de un decenio esos hombres se incrustaron en el poder, actuando con impunidad contra una oposición que, en palabras de Aguayo, era “débil pero cada vez más belicosa y ansiosa de rebelarse contra la apatía de una indiferente, si no complaciente, comunidad internacional”.

Una semana después de la matanza, Win se tomo el tiempo para escribir una carta de agradecimiento a Luis Echeverría. El secretario de Gobernación acababa de darle un regalo: un gran mapamundi electrónico enmarcado, que proporcionaba la hora correcta en cada huso horario del mundo.

“Todos los que lo ven, se admiran ante el maravilloso reloj que me envió recientemente”, escribió Win en una nota que Aguayo encontró en el Archivo General de la Nación.

En estos importantes momentos, después de la matanza de Tlatelolco, sus más confiables agentes habían entregado historias de ficción y, luego, hecho una jugada. El amo de LITEMPO se había vuelto su prisionero. El titiritero se había convertido en títere.

Ocho meses después, Scott fue obligado a retirarse de su trabajo como jefe de estación de la CIA. Su salida nada tuvo que ver con los acontecimientos de octubre de 1968, de acuerdo con William Broe, el jefe de la división de la CIA para América Latina en ese entonces.

“Él era uno de nuestros oficiales más destacados. Era una estación fuerte. Él hacía una buena labor”, dijo Broe en una reciente entrevista telefónica. El motivo de su remoción, explicó, “fue su estancia de tanto tiempo. Fue lo que decidimos hacer, empezar a cambiar a la gente. No es que haya hecho algo mal. Simplemente creímos que no era adecuado tener a una persona en un lugar tanto tiempo. Trece años son muchos”.

En junio de 1969, Scott fue al cuartel general de la CIA, en Washington, para recibir uno de los honores más altos de la Agencia, la Medalla a la Inteligencia Distinguida. El texto que acompañaba a la medalla se refería al programa de LITEMPO como uno de sus más grandes logros. Según se dijo, Win Scott “inició e hizo fructificar una alianza internacional en este hemisferio, que constituye un hito para logros de gran significado”.

Scott murió de un ataque al corazón en su casa de las Lomas de Chapultepec, el 26 de abril de 1971. Tenía 62 años.

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Septiembre 20, 2006

Lydia Cacho…

Archivado en: A-Z — mexicomagico @ 1:13 pm

Honor a quien se lo ha ganado, por su valentia y esmero…

As incredible as it is the 21st century, still we haven´t figured out a way to eliminate the growing mafia of corrupted Federal Government Officials in our beautiful Mexico City.Such is the case of the City of Puebla, Mex. Governor Mario Marin, who in an unofficial telephone recording simply laughs out loud with mexican textile industry leader Jose Camel Nacif, in regards to the ecarceration of reporter Lydia Cacho.

Lydia Cacho is a reporter, head of an organization against abused women and children in the state of Quintana Roo, Mex. (CIAM)

Nacif is the confirmed “sponsor” and close “friend” of Jean Saccar Curi, who controls the second largest child pornography ring in the nation (another mob ring from the state of Tijuana is believed to exploid more than 250,000 underage children).

Saccar Curi was subjet to extradition from US custody in July, 2006. (He was held in Arizona).

So now what !!!

We all know that here in Mexico, Saccar is just going to sit in Jail for a very short period of time, if any. And he’ll just go on about his business, being backed up by politicians, mexican police, businessmen, and God knows who else.

Don´t mean to be rude but, didn´t the US have enough power to keep him in the States and have him serve some REAL TIME?

Just asking…

Servicios Internos Inc.

…Recordings of compromising telephone conversations between textile magnate, José Camel Nacif, and political figures, were published by the press on 14 February 2006. Some extracts from these discussions show a desire to silence the journalist and influence a “defamation” case against her, the press freedom organization said.

“If they are confirmed, these conversations show the intention to destroy the career and reputation of Lydia Cacho Ribeiro”, it said. “We call on the judicial authorities of Quintana Roo province in eastern Mexico responsible for investigating and trying Lydia Cacho for defamation in a case brought by José Camel Nacif, to be extremely vigilant in the face of political pressure that is being applied to this case.”

“We also urge that these recordings be authenticated as quickly as possible and that,if necessary, an investigation is opened into the political figures involved,” it added.

The daily La Jornada and W Radio on 14 February published and broadcast the contents of 12 telephone recordings delivered to the two media by an anonymous messenger.

The series of recordings are of several phone conversations in which José Camel Nacif, speaks in turn to the governor of Puebla in central Mexico, Mario Marín, and Pablo Salazar Mendiguchía of Chiapas in the south; to other textile bosses, including “Hubert”, a French national; Luis Angel Casas, financial co-ordinator of Mario Marin’s election campaign; Lebanese compatriot, Hanna Nakad Bayeh, known as “Juanito”; and with a journalist on a national daily and radio, with the first name Andrés or “Muñeco”.

These recordings, of which Reporters Without Borders has received a copy of the transcripts, show a clear and concerted intention to bring down Lydia Cacho Ribeiro. The journalist is being sued for libel by José Camel Nacif, after she referred to his alleged involvement in a paedophile ring in her 2004 book The Demons of Eden.

According to the recordings, José Camel Nacif had apparently struck a deal with the authorities in Puebla state where the libel case was first lodged, for Lydia Cacho to be imprisoned. She was detained there in December 2005 for 24 hours .

The discussions are often very insulting, even obscene and one of them turns out to be threatening. José Camel Nacif raises the question of the journalist’s conditions of detention and says he hopes she will be sexually abused in prison.

In these same recordings, he also raised the impact her trial could have on that of Jean Succar Kuri, a Lebanese friend, currently imprisoned in the United States for his alleged involvement in the paedophile network the journalist exposed.

Valentin Meneses, spokesman for the governor, Mario Marín, refused to confirm if one of the voices on the recording was that of the governor. During an interview given to W Radio, Meneses said that the recordings violated the laws on protection of private life and said Marín had nothing to do with the case.

The broadcasting of the recordings provoked an outcry in Mexico. Felipe Calderón, a member of the National Action Party (PAN) of head of state Vicente Fox and a candidate for the presidential elections of 2 July 2006, has called for an investigation to be opened.

Autora: Lydia Cacho

Ante la necesidad de estar con mis abogados y retomar mi trabajo de atención a víctimas en Cancún, quisiera compartir algunas reflexiones con mis colegas y amistades:

El gobernador Mario Marín dice en las entrevistas que en 24 horas salí libre. Pero para los tribunales de Puebla, Lydia Cacho Ribeiro tiene Auto de formal prisión. (Me sentenciaron una semana después de aprehenderme tras pagar una fianza de 70 mil pesos) El siguiente viernes me fue declarado el auto de formal prisión. Estoy viviendo en libertad condicional, bajo fianza. No estoy libre, como asegura Marín. Mi caso fue atraído a Cancún (Juzgado 1ro de lo Penal) porque -aunque nos asistía la razón jurídica desde el principio- no fue sino hasta que la gran presión mediática orilló a Marín a cesar su intervención, que el Tribunal Superior de Justicia de puebla, tuvo que aceptar el incidente de incompetencia y liberar el caso a Quintana Roo, donde yo vivo, donde escribí el libro y supuestamente “cometí el delito de difamación”, pero donde se cometieron los delitos de abuso de menores y pornografía que narra mi libro “Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía infantil”.

La procuradora poblana aceptó en diciembre del 2005, ante diversos medios que no me enviaron los citatorios “para que no hiciera un escándalo” facilitando la orden de aprehensión. Es decir es una aprehensión fabricada, una violación de derechos humanos. La Juez declaró lo mismo, y sus declaraciones fueron publicadas en varios medios impresos y radiofónicos. Contamos con esas pruebas.

1ª- Una comida y una pequeña botella de agua en 20 horas, medicinas compradas como farsa poco antes de llegar a Puebla (no los antibióticos para la bronquitis que marca la médica legista en Cancún, sino unas pastillas para la tos) violaron mi derecho a la salud. .

1b- Yo, y no el gobernador Marín ni la Procuradora Villedas, viví las 20 horas sin dormir, en un automóvil, cruzando seis estados de la República, viajando sola, enferma,incomunicada, con dos hombres judiciales armados, seguida por otros tres agentes (también ostensiblemente armados, en una camioneta Liberty blanca que eran “la gente de Nacif “) con órdenes de amedrentarme. Yo les escuché hablar de los detenidos que se dan a la fuga y se mueren, a mí me preguntaban en medio de la noche si me gustaba nadar en el mar, si sabía nadar, y qué hacía una “mujer tan buena y guapa escribiendo esas cochinadas”. Fue a mí a quien aventaron al auto, huyendo de mi abogada en la procuraduría de Justicia de Quintana Roo, y a quien sacaron escoltada por tres autos hasta la carretera a Mérida. A mí me puso el agente una pistola en la cabeza cuando al reaccionar en la presurosa salida a la carretera, reclamé mis derechos constitucionales. A mí los judiciales me insultaron. Frente a mi, el Comandante Rocha (un hombre moreno de bigote y conduciendo un vehículo rojo) esperaba en la caseta La Esperanza de la entrada a Puebla, y allí ordenó a 2 agentes judiciales mujeres que se bajaran de su auto y subieran a mi lado, ordenó que bajara el otro agente y frente a mí les dijo: “ustedes venían con ella todo el viaje”.

Dice el gobernador que sólo dos agentes participaron en mi detención. Tenemos un video de las oficinas de CIAM Cancún que muestra que desde dos horas antes están apostados dos vehículos y tres personas, además de los que participaron. Ese video lo tiene desde diciembre la CNDH y ahora lo enviamos a la CIDH, y ante el Juez en Cancún.

El gobernador Marín usó exactamente las misma palabras y el mismo tono de voz para declararme culpable en la grabación con Nacif y en una entrevista radiofónica en Puebla, un día antes de que me declaran auto de formal prisión: “al que comete un delito se le llama delincuente y para mi esa señora es una delincuente”. Cuando el equipo de Carmen Aristegui estaba buscando el teléfono de Nacif, lo sacó de la propia grabación y respondió el mismo Kamel Nacif Borge: los datos son verídicos.

¿Cómo es posible que aparezca en la portada del Reforma la declaración de Kamel Nacif diciendo de que él había ido con el “gober y pum saco la orden de aprehensión (sic)” sin que el Mario Marín haya salido preocupado a desmentirlo tratándose de una acusación de un delito tan serio como tráfico de influencias?

Las autoridades poblanas, en un acto de desesperación y ante su incapacidad para admitir que incurrieron en actos delictivos, en tráfico de influencia, en coadyuvantes de órdenes de tortura y en la violación a las garantías constitucionales de una ciudadana, periodista y defensora de los derechos humanos, se revelan tal como son.

Cualquier autoridad que no se involucra en semejantes actos, se hubiese mostrado preocupada y sensible por las declaraciones de una persona detenida de manera tan irregular. En cambio, desde el primer día, incluso antes de que yo comprendiera que el Gobernador estaba implicado en mi detención, él mismo me llamó delincuente ante los medios y dijo que “el caso estaba cerrado” antes de que la Juez 5to de lo penal me declarara formal prisión.

La Procuradora, ignorante del contenido de mi trabajo periodístico, denostó mis declaraciones de maltrato, mi estado de salud y me recomendó “que en lugar de estar escribiendo sobre delitos contra niñas, mejor hubiera ido a la procuraduría a denunciarlos”; ignorando así que el caso del pederasta confeso Jean Succar Kuri (hoy preso en Chandler, Arizona E.U.A) es una asunto con demandas ante PGR e Interpol, por las propias víctimas, ventilado en los medios nacionales desde hace dos años, y que mi trabajo de investigación -precisamente- explica que Kamel Nacif Borge es amigo y protector del pederasta Succar, según dicho de las propias víctimas, niñas y niños que desde los cinco años fueron violados y amenazados de muerte por Succar.

En su ignorancia, el gobernador Mario Marín y la señora procuradora Laura Villedas, antepusieron la amistad con su paisano Nacif, por sobre el derecho de las víctimas de pornografía infantil, por sobre mis derechos constitucionales y mis derechos humanos, por sobre el interés público.

Las autoridades poblanas antepusieron, sin saberlo, el bienestar de un criminal y sus protectores, a la prioridad de mi trabajo periodístico en el libro “Los demonios del edén” por hacer del interés público un caso que según la PGR involucra: pornografía infantil, abuso sexual de menores y lavado de dinero.

La única salida que han encontrado las autoridades poblanas, ante tanta torpeza grupal, ante tanta corrupción, es intentar culpar a una ciudadana inocente de las graves consecuencias sus propios actos. El gobernador y la Procuradora, al tomar posesión de sus cargos, juraron lealtad a la ciudadanía con la frase “y de no cumplir que la Nación me lo demande “.

He aquí, señor, señora, a la Nación mexicana, demandándoles honestidad, transparencia y justicia.

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Septiembre 19, 2006

La Realidad…

Archivado en: A-Z — mexicomagico @ 6:41 pm

Es indescriptible, la tristeza y el dolor que vivo diariamente de saber que como ser humano, se tiene que aprender de los errores.

Que los errores más grandes del ser humano son los que no logra reconocer… y eliminar. Los cuales consecuentemente lo llevan a continuar cometiendo agravios contra los demás seres vivientes.

Constantemente, alimentamos nuestras debilidades de carácter con la humildad de otros y nos convertimos en bestias depredadoras de la inocencia e ignorancia de otras personas. Buscamos la manera de engañar a otros, de despojarlos de sus pertenencias, de su dinero, de su fe y su dignidad.

Construimos a diario muros impenetrables y lo único que conseguimos es resguardarnos en nosotros mismos- en nuestros propios miedos y debilidades.

A diario creemos, estar dirigiéndonos a un futuro lleno de dicha y engrandecimiento, a un mundo lleno de comodidades materiales del cual constantemente hacemos alarde nuestros hijos heredaran.

Religiosamente le inculcamos a nuestros pequeños a tomarnos como ejemplos, a ver en nosotros un padre o una madre “modelo” y por nuestra parte, vivimos buscando la manera de encubrir nuestros defectos de carácter con excusas infantiles.

Parece que aun no logramos entender que las semillas que sembramos en nuestros hijos, las estamos regando con agua contaminada, llena de odio y egoísmo, llena de malas decisiones, de mentiras y falsedad.

Los Demonios del Eden…

Archivado en: A-Z — mexicomagico @ 5:14 pm

“Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía”

Autora: Lydia Cacho

Editorial: Grijalvo

Lidia Cacho presento este nuevo libro en el que narra el caso real de decenas de niñas obligadas a tener sexo y ser grabadas.

 

PORNOGRAFÍA INFANTIL

Los demonios del Edén

Advertencia: no es un tema fácil. Habla de una sociedad adormilada que no mueve un dedo. Involucra a decenas de niños de hasta 5 años (mayoritariamente mujercitas); a policías y políticos corrompidos, y a redes de narcotráfico y pornografía infantil. Pero no es la trama de una película en cartelera. Es un relato de la vida real. Decenas de pequeñas fueron obligadas a tener sexo y a ser video grabadas por un enfermo, nada tonto, que, parece, hizo parte de su fortuna con esta atrocidad. Pasó en Cancún, México. Con autorización de la autora y de su casa editorial, Día Siete presenta este adelanto de un libro valiente que expone al público escenas de un infierno que, paradójicamente, se debe conocer: de otra manera está condenado a repetirse (en este instante), ahora en su ciudad, ahora en su manzana, ahora tras la puerta del vecino. TEXTO: LYDIA CACHO

Gabriela, ahora de 29 años de edad, casada y con dos niños, asegura que fue víctima de Succar hace 14 años. Que la llevó una amiguita de la escuela, junto con otras ocho niñas. De esas ocho algunas se quedaron y fueron forzadas por Succar a llevar a otras niñas y niños. Ante la pregunta expresa de cuántos menores creen que Jean Succar y Gloria Pita llegaron a fotografiar, y a forzar a tener sexo para grabar videos en esos tiempos, Gabriela, con los0 ojos arrasados de lágrimas, calcula que quizá se trate de cientos de criaturas.

Gabriela se niega a hablar con las autoridades; ahora es una mujer casada, vive en una bella casa de la zona hotelera de Cancún y sus padres, quienes pertenecen a la alta sociedad cancunense yucateca, nunca supieron nada. Está convencida de que Succar es intocable. Luego de haber visto la tortura pública a la que la Procuraduría de Justicia sometió a Emma y las otras niñas y sus mamás, ella se conforma con ir a consultar a su terapeuta a Mérida una vez al mes. Reza para olvidar y cuida a su hijo y a su hija de extraños y conocidos por igual. Según ella, nadie merece vivir lo que todas estas niñas y niños han pasado, pero el tema se considera tabú. Por eso ella rompió la tradición familiar y a sus criaturas les ha explicado lo que es el sexo y lo que es el abuso.

Escribir o leer un libro sobre el abuso y comercio de menores no es ni fácil ni agradable. Sin embargo resulta más peligroso para la sociedad guardar silencio sobre este fenómeno. Ante la muda complicidad de la sociedad y el Estado, miles de menores son víctimas de comerciantes que les convierten en objetos sexuales para la compraventa y disfrute de millones de hombres, quienes encuentran en el abuso sexual infantil y en la pornografía, un deleite personal sin cuestionamientos éticos.

Esta no es una historia de un viejo sucio que descubre que le gusta tener sexo con niñas hasta de cinco años de edad. Y aunque algunos fragmentos en voz de las víctimas son profundamente dolorosos, la valentía y claridad de testigos y especialistas, nos permiten ver la luz al final del camino y comprender más a fondo las implicaciones de la complicidad del silencio en el tema de la violencia y la explotación sexual.

El reto del periodismo es recontar historias humanas para comprender mejor el mundo que nos rodea; en ese sentido Los demonios del edén, cumple ese propósito: mostrar el mundo de las sombras al que diariamente, y sin saberlo, se enfrentan cientos de madres, padres e infantes que jamás creyeron que ellos o ellas pudiesen caer víctimas de un pederasta, de un experto en pornografía o de un violador.

La corrupción e ineficacia de las autoridades son responsables de que miles de víctimas y testigos de delitos graves en este país prefieran guardar silencio, antes de enfrentarse a la torpe maquinaria de la policía judicial. El caso Succar es muestra fehaciente de ello. El testimonio de más de una veintena de mujeres y niñas que se acercaron a las organizaciones no gubernamentales, e incluso a periodistas, podría facilitar el encarcelamiento de delincuentes de la talla de Succar Kuri y las mafias que lo protegen. Pero la estigmatización y revictimización sistemática de las y los denunciantes son ejemplares; los delincuentes aprovechan esta inseguridad y desconfianza como elemento de inhibición de las víctimas, en pocas palabras, como alimento de la impunidad.

Después de la tormenta

Jean Succar Kuri asegura de voz propia en el video grabado que siempre ha tenido sexo con niñas aun de cinco años de edad. A Gloria, su esposa actual, la conoció en Acapulco cuando tenía 15. Succar vivía dos semanas del mes en Cancún desde hace 20 años. El resto del tiempo viajaba a Los Ángeles, California, a Las Vegas, Nevada, a Hong Kong, y a donde sus negocios lo llevaran para traer consigo cuantiosas sumas de dinero en efectivo.

Jean Thouma Hannah Succar Kuri nació en Becharré, Líbano, el 19 de septiembre de 1944. En su adolescencia viajó a México y arribó a Guanajuato a hospedarse en casa de sus tíos. En 1985 llegó a Cancún.

Comenzó con una fuente de sodas en el aeropuerto de Cancún y un par de tiendas de playeras baratas para turistas. Años después era propietario de 50 villas y operador del Hotel Solymar. Tenía a su nombre tres tiendas de artesanías en el aeropuerto de Cancún y hasta la fecha es dueño del restaurante central del mismo aeropuerto, concesión que consiguió por medio de su amigo Alejandro Góngora. Asimismo, es propietario de un restaurante en Los Ángeles y de una mansión en esa misma ciudad norteamericana. Desde mediados del 2004 fue detenido en Chandler Arizona, a petición de la PGR y la INTERPOL; sigue esperando juicio de extradición para ser juzgado en México.

El 26 de marzo del 2005 el juez federal Amado Chiñas, denegó al mexico-libanés Jean Succar Kuri el amparo solicitado por sus abogados norteamericanos para liberar sus cuentas bancarias por más de 20 millones de dólares. ¿Cómo pudo este empresario cancunense amasar esa fortuna? El lavado de dinero, la pornografía infantil y la protección política de este pederasta develan un secreto hasta hace poco tiempo muy bien guardado; un secreto que incluye la protección de hombres de poder y explica cómo surge un grupo de crimen organizado, sin que la sociedad se entere hasta que es demasiado tarde.

Turismo sexual

La nueva era empresarial presenta la explotación sexual como un negocio sumamente lucrativo para las mafias que lo controlan. Se dice que el turismo es la empresa del siglo XX, a la cual acompaña la venta, desde sitios de Internet de fácil acceso, de tours paradisíacos con sexo pagado incluido para el viajero con mujeres exóticas, jóvenes y dispuestas. Casi nadie escapa de esta lacerante realidad: América Latina, Asia, Estados Unidos y Europa, África, Canadá, Oceanía. Según el UNICEF, más de un millón de niñas y niños son robados al año para insertarles en el negocio del turismo sexual con infantes.

Según declaraciones del propio general Rafael Macedo de la Concha, la PGR investiga a Succar Kuri por ofrecer a sus niñas por vía cibernética para tender una red de turismo sexual infantil. A pesar de todo, las autoridades, muchos medios, e incluso especialistas de la sociedad civil organizada, llaman aún a este fenómeno “prostitución infantil”, lo que implica, de manera falsa pero inconsciente, que hay un intercambio de dinero y de voluntades entre un adulto que paga por tener sexo con una niña de 13, 14 o 15 años, quien es forzada a aceptarlo para que su explotador cobre.

La industria de la pornografía infantil, directamente relacionada con el abuso sexual, el secuestro (secuestro para fines sexuales) y la explotación infantil, generan ganancias multimillonarias y, al igual que la del cine pornográfico ya mencionado, se entrelaza cada vez con mayor desenfado con las industrias formales. Todo ello no sería posible sin tres elementos: la protección de hombres de poder al crimen organizado que sustenta estos males sociales, la corrupción del Estado y la visión androcéntrica que protege los intereses masculinos (se calcula que más de trescientos millones de hombres adultos en América Latina pagan por tener sexo con mujeres jóvenes [Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer: UNIFEM]).

En algunos países árabes y del sudeste asiático, donde el patriarcado es notoriamente fuerte, la venta, utilización y castigo de niñas y mujeres son vistos con naturalidad. En el video grabado sin que él lo supiera, Jean Succar afirma que no es muy malo lo que hace. Durante una conferencia de prensa un agente de la PGR lanzó al aire un: “¿Y si en el Líbano es normal que se metan con niñitas?”, a lo cual nadie respondió.

Lydia Cacho

Mexico, D.F., 1963. Es periodista y activista social. Dirige en Cancún un centro integral para mujeres víctimas de la violencia, CIAM, en el cual se atendió a varias de las víctimas del caso Succar. Es autora de la novela Las provincias del Alma (Demac 2003). Columnista política de La Voz del Caribe. Directora editorial de la revista Esta boca es mía: apuntes de equidad y género y conductora del programa de TV con el mismo nombre. Colaboradora de opinión en el noticiero Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha. Especialista en temas de violencia y género para la Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). Ha publicado más de dos centenares de artículos en diversos diarios y revistas del país. Es Consejera de la Universidad del Caribe. Cofundadora de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe y corresponsal de la agencia de noticias CIMAC.

Pasajes Los Demonios del Edén”, de Lydia Cacho. Las botellas de Coñac
Las botellas de cognag eran en realidad !! NIÑAS !!…..

“Un pederasta es un desgraciado y degenerado sexual, abusador de menores quien, para
que los niños guarden el secreto, se gana su confianza con atenciones y afectos, o bien,
los llena de miedos y amenazas”

“¡Ya! Ni que fuera para tanto. No hicimos nada que tú no quisieras.¡Ya!, deja de
lloriquear y toma un juguete de los que hay en el otro cuarto. Toma el que tú quieras.
¡Mejor toma dos y ven para que sigamos jugando”!

Así le decía Jean Succar Kuri a una niña de 8 años de edad que, encogida en
posición fetal, lloraba después de comprobar que el pederasta no la había invitado a su
departamento sólo a nadar en la alberca y a jugar con muchos juguetes.


Este, como muchos, es el testimonio de

Mary, ahora de 12 años de edad, que pasó dos años “al servicio” de Succar Kuri y “sus
compadres”, extraído del libro “Los Demonios del Edén”, de Lydia Cacho.


La palabra pederasta nos suena lejana, rara y misteriosa; pero describe lo más vil, lo
más bajo de lo bajo que puede hacer un ser humano. “Un pederasta es un desgraciado y
degenerado sexual, abusador de menores quien, para que los niños guarden el secreto, se
gana su confianza con atenciones y afectos, o bien, los llena de miedos y amenazas”
Describe Cacho, Estamos hablando de criaturas inocentes que son forzadas y humilladas, que llevan en su cuerpo severas lesiones físicas y mentales que afectarán por completo su
desarrollo y su vida.

De acuerdo con Lydia Cacho y la PGR, la “botella bellísima” no es cognag, es una
clave que utilizan los pederastas para referirse a una niña, así como la palabra “pomo”
para referirse a un niño.

O sea, que los mugrosos de Nacif y Marín se referían a NIÑAS, no a COGNAG en
botella, que ingenuos somos a veces los seres humanos.
Estos perros degenerados no tienen perdón de Dios.


¿Creíamos conocer lo más bajo del subsuelo? Pues no; la sorpresa, la indignación y el
horror que causa leer el trabajo de esta valiente periodista y saber que la pederastia
se practica entre políticos y hombres de poder, rodeados de cómplices directos o
indirectos, es indignante.


¡Sólo esta basura nos faltaba!


Los medios nos hemos concentrado en la obligada renuncia del cínico Mario Marín, la
exhaustiva investigación que se le debe hacer a José Kamel Nacif, “el héroe”, o en que si
grabar conversaciones es ilegal, sin embargo, no perdamos el centro del verdadero
problema que se revela: la pederastia.


Ésta es una moderna forma de esclavitud que incluye a niños y niñas desde los 5 años
de edad. Un sector organizado con redes perfectamente estructuradas, campañas de
publicidad, cuentas bancarias y atractivos folletos y que, en realidad, constituye una
industria que implica fraude, secuestro, esclavitud, perversión, contrabando, soborno y
corrupción a diversos niveles que pisotea lo más sagrado.


Aunque es difícil establecer cifras exactas, UNICEF calcula que, en México, 16 mil
niñas, niños y adolescentes son víctimas de la explotación sexual (prostitución,
pornografía, turismo sexual y tráfico de menores con fines sexuales). Sin embargo, María Rubio de Hendricks, ex directora del DIF Quintana Roo, afirma que la red de prostitución infantil que encabeza Jean Succar Kuri es de 18 mil menores de edad, la segunda en importancia, ya que la
primera la ocupa una red en Tijuana con 250 mil menores de edad.


Ya se destapó la cloaca. Ante esto, como sociedad no podemos ser indiferentes,
quedarnos callados, ni dejar que este terrible caso en el que conocimos cómo se le pagan a mi gober precioso sus favores, tapaderas y arbitrariedades, así como la prepotencia y las turbias complicidades del poder, quede en el olvido y se esfume tras las campañas
electorales o noticias de otro tipo. Porque, de hacerlo, nos estaríamos convirtiendo
automáticamente en cómplices. Como por omisión lo hacen los medios, no te calles, divulga esta noticia lo más que puedas, a ver si se logra hacer algo con estos asquerosos y repugnantes pederastas y sus cómplices.

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Los Asesinatos en Ciudad Juárez…

Archivado en: A-Z — mexicomagico @ 1:06 pm

Cerro Cristo Negro

Los Asesinatos en Ciudad Juárez…


“…el hombre, de casi setenta años de edad, andaba en una especie de aventura Viagra. Con base en las notas y facturas, había comprado esa droga en forma regular y había sostenido relaciones sexuales con numerosas prostitutas. El hombre guardaba notas detalladas sobre sus encuentros y tenía a la mano fotografías y detalles sobre sus compañeras de sexo…
“… Érika Pérez -así se llamaba- estaba semidesnuda, el asa de su bolsa estaba enredada en su cuello. Funcionarios del estado de Chihuahua, consideraron su muerte como resultado de una sobredosis de droga, concluyeron que el caso no debería ser investigado como homicidio…
“… Algunas tiendas de autoservicio de cadenas nacionales también contratan a mujeres jóvenes y las envían a diversos lugares en donde cuentan con sucursales. Estos negocios incluyen las escuelas de computación ECCO y las mercerías Estrella. Más de una docena de víctimas en Juárez y Chihuahua fueron reclutadas en las escuelas ECCO…
“…Los colaboradores del gobernador Patricio Martínez y su antecesor, Francisco Barrio, han considerado que los cadáveres fueron “sembrados” para perjudicarlos políticamente..
“…En febrero de 2005, las autoridades de Chihuahua presentaron al presunto asesino confeso de Sagrario González, José Luis Hernández Flores, quien aseguró haber participado en el homicidio a cambio de 500 dólares, pese a que un informe de CNDH relacionaba a este asesinato con el crimen organizado…
“…La mujer puso punto final a nuestra breve plática al decir: “Vale más que no publique nada en el periódico”…

Ciudad Juárez. La saña con que las mataban fue lo que me llamó la atención al principio. Fue una noche de invierno, en febrero de 1999, cuando leía hasta la madrugada una serie de relatos que narraban detalles de muerte tras muerte desde 1993. Así empezó todo. A pesar de lo que decían las autoridades, estos casos no eran normales y eran muchos. Meras niñas de entre 13 y 18 años fueron violadas, estranguladas y mutiladas.
Entre ellas estuvo Gladys Janeth Fierro, de 12 años, quien fue raptada en mayo de 1993 antes de ser encontrada sin vida. Fue violada y estrangulada. En septiembre de 1995 fue localizada otra estudiante, Silvia Rivera Morales, 17, esta vez en Lote Bravo, al sur del aeropuerto. Aparte de ser violada y estrangulada, el seno derecho le fue cercenado y el izquierdo arrancado a mordidas, al igual que ocurrió con otras de las víctimas que se hallaron en 1995 en el Lote Bravo, uno de los terrenos disputados de Ciudad Juárez, que pertenecía a diferentes familias poderosas.
Sagrario González, 17, obrera de una maquiladora, también desapareció después de salir del trabajo en abril de 1998. Días después se localizó su cuerpo en un lote baldío y se determinó que fue violada, estrangulada y acuchillada. En 1996 fueron seis las víctimas acuchilladas, mutiladas y violadas que se encontraron en una zona desértica conocida como Lomas de Poleo.
Los cadáveres de Lote Bravo y Lomas de Poleo estaban entre los 24 expedientes que estudiaron los especialistas de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) cuando visitaron Ciudad Juárez en marzo de 1999, después que el presidente Ernesto Zedillo solicitó apoyo al mandatario estadounidense Bill Clinton durante una reunión en Mérida, Yucatán, en febrero de 1999. Los cuerpos de algunas de las víctimas tenían un triángulo en la espalda, marcado con alguna arma punzo cortante. En el Oriente, el triángulo es un símbolo de la ultraderecha.
Los relatos que leía esa noche invernal eran desconcertantes. Aún los asesinatos de las mujeres no habían sido relacionados, pero casi todos se caracterizaban por una violencia extrema. También era evidente que seleccionaban a las víctimas y que existía algún sistema organizado para raptarlas. Se desaparecían en la zona del centro, a plena luz de día, sin que nadie viera nada. Al principio pensaba que se trataba de algunos delincuentes depravados que gozaban de protección por sus nexos con el bajo mundo. Había indicios de algo semejante. No me imaginaba, entonces, que detrás de las muertes había algo mucho más complejo y turbio….

La muerte de un abogado
Fue la noche del 5 de febrero de 2002 cuando Mario Escobedo Anaya salió del despacho que compartía con su papá, también abogado, en la calle Constitución. Subió a su camioneta para dirigirse a una tienda en el bulevar Zaragoza, donde tenía una cita para acordar la fianza de un cliente. El asunto tenía que ver con la mamá de un reo apodado El Venado. Este se había escapado de una cárcel de la ciudad de Chihuahua y había matado a un policía. El joven abogado defendía a uno de los dos chóferes acusados de asesinar y violar a ocho mujeres que se hallaron en un predio de Ciudad Juárez en noviembre de 2001. Se dio cuenta desde la tienda de que alguien lo seguía.
Mario, su papá y Sergio Dante Almaraz, el defensor del otro chofer acusado, habían hecho garras ante los medios informativos el caso de las autoridades. Por eso habían sido amenazados de muerte. Poco antes, los tres abogados se habían entrevistado con el equipo de Downtown 20/20, de la red televisora ABC en Nueva York. Otros periodistas y yo estuvimos presentes en el despacho de los Escobedo cuando llegó la ABC. También llegaron las esposas de los chóferes acusados. Se difundió el programa el 31 de enero, y menos de una semana después Mario sería asesinado por policías.
Mario sentía que la gente que lo perseguía quería acorralarlo y su salida del estacionamiento se convirtió en una persecución a toda velocidad sobre las calles de Juárez, principalmente por Municipio Libre. Desesperado, Mario le habló a su papá con el celular que traía y con la otra mano navegaba su camioneta.
“Ayúdame!”, le dijo a su papá.
Su padre trató de calmarlo. Ya había subido a su auto para encontrarse con su hijo. En unos momentos, después de varias comunicaciones cortas y frenéticas, el papá escuchó un ruido fuerte por su celular, y perdió el contacto con Mario. Cuando llegó, tres minutos después, se dio cuenta de que había chocado la camioneta de su hijo. Pero Mario no murió del impacto, murió de un balazo. El lugar estaba rodeado de policías.
La primera versión oficial fue que los policías estatales mataron al abogado porque lo confundieron con El Venado. Después dijeron que Mario les había disparado y que tuvieron que defenderse. Posteriormente un testigo relató lo que pasó esa noche. El dijo que después de que chocó la camioneta del abogado, los policías que lo perseguían bajaron de sus camionetas, y uno de ellos, el primer comandante Alejandro Castro Valles, brincó a la parte trasera de la camioneta, rompió el vidrio con su arma y le disparó al abogado -que había resultado lastimado- en la cabeza.
La juez nunca aceptó la declaración del testigo, alegando que ya había terminado el tiempo para agregarlo al expediente. Fueron exonerados los policías. El diario Norte de Ciudad Juárez publicó fotografías comprobando que los balazos que tenía la camioneta de los policías no existían la noche que mataron al abogado. Aparecieron después, indicando que se habían sembrado las balas para sostener la defensa de los policías.
Pero había más detrás de la muerte del abogado. Fuentes de inteligencia de Estados Unidos y México dijeron que El Venado fue enviado por el capo Vicente Carrillo Fuentes para asesinar al gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez.

El cártel de los policías
La muerte de Javier Felipe El Negro Lardizábal figura como símbolo importante en la historia de las asesinadas en Juárez. Según el expediente de la denuncia que llevó a cabo su hermana, el ex agente municipal desapareció en mayo de 1993 cuando andaba investigando de manera encubierta la corrupción dentro de la policía estatal de Chihuahua. Ya había juntado información sobre agentes y comandantes supuestamente involucrados en el narco y en el robo de autos.
Una de las personas a las que investigaba era Sergio Rodríguez Gavaldón, quien tuvo la culpa de que sicarios conocidos como Los García hubieran matado en 2001 a la hija joven y al concubino de la doctora forense Irma Rodríguez Galarza, quien hacía las reconstrucciones de restos para poder identificar a hombres y mujeres que fueron víctimas de homicidio.
El ex policía Lardizábal fue visto por última vez cuando estuvo hospedado en el hotel Montecarlo, el mismo lugar que ocupaba como oficina Javier Benavides, el entonces subdirector de la Policía Judicial del estado. Benavides después fungió como jefe de la policía municipal en Juárez. Según familiares del extinto, la administración de Francisco Barrio contrató a Lardizábal para la investigación encubierta, cosa que no quiso reconocer la oficina del gobernador. El cadáver de Lardizábal fue localizado en noviembre de 1993 en Lote Bravo, el mismo lugar que se convirtió en un cementerio clandestino de mujeres jóvenes que fueron violadas y mutiladas en 1995.
En un video de la autopsia de Lardizábal aparecen las esposas con las que fue sujetado. No eran las esposas de él, y por el número seriado que se puede ver en el video, eran esposas de policías. Su hermana, Rosa Lardizábal, regidora para el gobierno municipal actual de Juárez, acusó formalmente a Jesús Buil Issa, comandante de la Policía Judicial del estado de Chihuahua, de tener que ver con la desaparición de su hermano. Buil Issa negó los señalamientos. Después de esto, jamás se volvió a saber de otra investigación de la corrupción policíaca hecha por las autoridades estatales o municipales.
Con la muerte de Lardizábal, nació el llamado cártel de los policías de Juárez. Rafael Aguilar, el primer gran capo de la ciudad, fue policía federal antes de entrar al narco, pero él representó la vieja guardia. Como referencia, 1993 fue el año en que Amado Carrillo Fuentes se apoderó de la plaza fronteriza, y desde mayo se desató un infierno que llegaría a incluir centenares de desapariciones y muertes de hombres y mujeres, cientos de narcoejecuciones, y más de 120 de las muertes sistemáticas de mujeres.
Phil Jordan, ex funcionario de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) en El Paso, Texas, comentó que el trabajo principal de los policías en Juárez era proteger los cargamentos de drogas de los narcotraficantes, y algunos se convirtieron en narcos de tiempo completo. Uno de ellos, el ex comandante municipal Roberto Corral, fue ejecutado en un ajuste de cuentas en 2002. Corral protegió a un narcotraficante que había violado a una niña de 11 años. Un policía municipal estuvo a punto de arrestar al sujeto en un rancho al sur de la ciudad, cuando llegó la orden de Corral de que se retirara de allí porque no tenía nada que ver la policía municipal en esos asuntos.
El cártel de Juárez
La corrupción de la policía a todos sus niveles en Juárez es clave para explicar por qué siguen los levantones misteriosos, las ejecuciones relacionadas con los ajustes de cuenta y los asesinatos sistemáticos de mujeres. Esto no pudo suceder de manera sostenida sin la influencia “y mucho billete” del cártel de los Carrillo Fuentes. La estrategia de Amado era utilizar el terror para eliminar a sus rivales y domar la estructura que trabajaría para él. La DEA confirmó que el cártel había infiltrado el gobierno del PAN en Chihuahua al inicio de los noventa.
Con el inicio del imperio de Amado en 1993 se desató una violencia estremecedora, que no ha dejado de azotar a la comunidad. Los códigos viejos, eso de dejar a los niños y a las mujeres en paz, se echaron a un lado. Dentro del cártel de Amado ahora todo se vale. Los pactos entre el cártel y el gobierno se armaron durante la gestión del ex gobernador Francisco Barrio, quien antes figuraba como símbolo importante del cambio y de la reforma política en Chihuahua.
En 1996 se encontraron en los arenales de Valle de Juárez los cuerpos de dos hermanas que radicaban en El Paso, Victoria y Pearl Parker. La policía de El Paso dijo que alguien las había convencido que fueran a Juárez, y allí las asesinaron con cinco balazos en la cabeza a cada una. Las autoridades relacionaron sus muertes con el narco. La policía paseña vinculó a las hermanas con Eddie Barragán, un hombre que junto con Jorge Garibay y Matthew Baca fue raptado en 1998 por policías en el Kentucky Club, en la avenida Juárez. En 2001 acompañé a la hermana de Jorge Garibay a un ejido al este de Zaragoza. Ella tenía una pista de que allí habían sepultado a su hermano desaparecido. A la mejor estaban también Barragán y Baca. Llevamos palas y se nos atoró el auto en los arenales. Según ella, estábamos en narcoterritorio. No encontramos nada, y mi coraje fue profundo cuando me enteré después de que la pista había venido de un psíquico.
Los periodistas
Hace cinco años charlaba con Sonia del Valle en un café de la Condesa, en el Distrito Federal. Ella entonces escribía para la agencia de noticias CIMAC. En esa época ella andaba tras una de las líneas que por casualidad yo y otros perseguíamos al mismo tiempo. Quería hablar con ella de esto. Sonia relató que después de consultar con sus fuentes, alguien de la Procuraduría General de la República le avisó de manera amigable que el asunto de Juárez se trataba de gente protegida, y que si ella persistía no había nadie en México que la podría proteger. Ya no volví a saber de Sonia por mucho tiempo.
Mi amigo Sergio González, de Reforma, recibió una golpiza en 1999, que lo llevó al hospital. Sus asaltantes le comentaron que era un encargo “del comandante” por lo de Juárez. El asalto ocurrió en el Distrito Federal. En agosto de 2002, llegó la escritora Isabel Arvide a El Paso, con José Vasconcelos, funcionario de la PGR, para platicar sobre los asesinatos de las mujeres. Conocí a Isabel cuando vino a Juárez en enero de 2002. Su escolta contaba con 11 agentes federales y tres Suburban blindadas. Acababan de nombrar a Jesús Chito Solís como procurador del estado de Chihuahua. Heidi Slaquet, amiga íntima de Isabel, había desaparecido en Juárez en 1995, y hasta la fecha Isabel sigue investigando qué fue de ella.
En la reunión con Vasconcelos le pregunté a él sobre varios puntos relacionados con los casos. Le pregunté sobre el paradero de los agentes federales que fueron señalados como responsables de las desapariciones, en 1998, de dos mujeres que trabajaron en el antro Pachangas. Los agentes, Carlos Cárdenas Cruz y Jorge García Paz, fueron transferidos a Querétaro y nunca más se supo de ellos. Dijo Vasconcelos que iba a indagar, y comentó que al procurador Macedo de la Concha le preocupaba lo que pasaba en Juárez. Pero más mujeres tendrían que morir antes de que los agentes de elite de la UEDO y la AFI pisaran Juárez para indagar. Al año siguiente, policías de Chito Solís arrestaron a Isabel dos veces en la ciudad de Chihuahua por supuesta difamación, primero al dueño de un diario, y la segunda vez por difamación al procurador.

¿Modus operandi?
A finales de febrero de 2003 llegó información a la FBI de El Paso sobre algunos lugares y personas en el centro de Juárez que podían tener algo que ver con las desapariciones y muertes de mujeres jóvenes. La FBI envió la información a la fiscalía estatal de Chihuahua, que investiga los crímenes. Rolando Alvarado, el fiscal federal de la UEDO que envió la PGR para investigar las muertes de las mujeres, también recibió la información.
Según la inteligencia, se utilizaba gente de las escuelas de computación ECCO para reclutar a víctimas, y también tenía que ver una casa de música llamada Paraíso Musical, un bar llamado Club 15, el Club Marlboro y el restaurante La Sevillana. Las autoridades afirmaron que algunas de las personas mencionadas vivían en El Paso. La inteligencia de la FBI decía que había planes inminentes para matar a más mujeres. ¿Y qué hacer con esto? Sentía que me ahogaba en un abismo de impotencia y que de mí dependían las vidas de las niñas de Juárez. Otros compañeros que andaban en esto me confiaron que habían caído en la depresión, y otros tenían pesadillas.
Para junio de 2003, el fiscal Alvarado comentó a miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos que le había pedido a sus jefes que lo cambiaran de estas investigaciones porque “no le hallaba” y que quería regresar a su tarea previa, la investigación de más de 300 hombres desaparecidos en Juárez desde 1993. Fue el colmo cuando confirmó otro agente de la PGR que los federales no habían entrevistado a testigos principales en relación con la información de inteligencia que recibieron. A la FBI le sorprendió que las autoridades mexicanas no pidieran apoyo, debido a que se mencionaba a gente de El Paso. Los agentes de la PGR tampoco se han arrimado a la FBI oficialmente para intercambiar información sobre los crímenes contra mujeres.
Ante el silencio oficial y la amenaza vigente de que más niñas serían sacrificadas se llevó a cabo una redada hecha por medios el 10 de agosto de 2003 para conocer los lugares que fueron señalados por la inteligencia de la FBI. Se llamó Operación Sagrario, por una de las víctimas. Amnistía Internacional estaba por difundir su informe sobre Juárez al día siguiente. Antes de la redada, fuimos a ver a Alejandro Gertz Manero en un hotel de El Paso. Lo acompañaban su coordinador de inteligencia y otra persona. Estuvieron presentes en la entrevista otros dos periodistas. Lo único que Gertz Manero quiso saber cuando terminamos fue cómo nos habíamos dado cuenta de que estaba hospedado en ese hotel. Como respuesta, le di las gracias al titular de Seguridad Pública por su tiempo y por la molestia.
Los políticos
“Pancho quiso hacer algo”, dijo un familiar cercano de Barrio cuando el ex gobernador fue nombrado titular de la Secretaría de la Contraloría.
“El quiso traer los mejores investigadores… pero se dio cuenta que estaban involucrados ricos y poderosos y no se pudo hacer nada.”
Fue cierto que Barrio trató de hacer algo cuando era gobernador de Chihuahua. Su administración contrató a Robert Ressler, agente jubilado de la FBI y perfilador de nivel mundial. También contrató a un investigador español, Antonio Parra, que trabajaba en el Distrito Federal. Dos criminólogos más fueron invitados, también del Distrito Federal, nada más que éstos llegaron cuando apenas entraban el nuevo gobierno de Patricio Martínez y la nueva fiscal especial, Suly Ponce.
Existe un paralelo entre el ascenso de Vicente Fox, del PAN, a la Presidencia y el gobierno de Chihuahua. Las expectativas fueron grandes durante las campañas electorales pero el resultado fue el mismo -un desastre en cuanto a la seguridad pública, tanto la del estado como la de la nación-. Durante el gobierno de Barrio empezaron a desaparecer mujeres jóvenes. Ahora que está Fox en Los Pinos se empiezan a extender estos tipos de crímenes a otros lugares de la República. Estas muertes podrían ser la firma del crimen organizado, un aviso por rivales políticos, o una mera casualidad.
Será el pueblo mexicano quien habrá de juzgar si Barrio en verdad no pudo hacer nada.

Los expedientes secretos
En 2001 una fuente de la inteligencia del gobierno federal estadounidense me comentó: “Estos (los asesinos) tienen más víctimas en otras partes de México… y hubieras visto los nombres que vimos”. No quiso elaborar más, pero después, por fuentes similares de México, empezó a llegar más información que indicaba que los asesinatos de mujeres en Juárez eran un asunto todavía más delicado que lo del narco.
Aprendí que hubo varias investigaciones mexicanas a nivel federal que se llevaron a cabo antes de 2003 y que fueron contundentes. En ocasiones distintas, también hubo oficiales estatales en Chihuahua que trataron -sin éxito- de seguir una de las líneas que ya conocían los investigadores federales. Agentes de la inteligencia del Ejército Mexicano también observaban con alarma lo que sucedía en Juárez. A ellos sólo se les permitía pasar la información a sus superiores.
Durante estas investigaciones numerosas personas fueron vigiladas. Se sabe quiénes son, “y está comprobadísimo”, dijo uno de los investigadores mexicanos. Otro investigador le escribió una carta a Vicente Fox sobre sus hallazgos. El agente no sabe si le llegó la carta al Presidente, y desde que la envió él es ahora el que está vigilado y hostigado. Como nunca se arrestó a los sospechosos, sólo se puede especular para qué fines se están usando los resultados. No se debe descartar el chantaje político o la extorsión. Anteriormente, la FBI afirmó que en Chihuahua existen dos expedientes sobre los casos, “el que muestran a todo mundo y el que se guardan (…) y nosotros sabemos lo que contiene el que se guardan”.
Las investigaciones mexicanas federales contienen relatos de oficiales y otras personas que facilitaban orgías donde se ultrajaba a mujeres que aparecían muertas después. Los investigadores dicen que algunas de las personas también participaban en los asesinatos. Entre los apellidos que funcionarios estadounidenses y mexicanos conocen de personas que supuestamente podrían saber de los hechos o podrían estar involucrados están: Molinar, Sotelo, Hank, Rivera, Fernández, Zaragoza, Cabada, Molina, Fuentes, Hernández, Urbina, Cano, Martínez, Domínguez y otros. No han vuelto a aparecer cadáveres en serie desde febrero, cuando se hallaron entre tres y cuatro por el Cristo Negro, y las autoridades en Chihuahua dicen que esto es prueba de que ya no están matando a mujeres. Pero informantes de la FBI han indicado que siguen las muertes, y la diferencia es que ahora los asesinos se están deshaciendo de los cuerpos de una manera espantosa.

EL FBI
La oficina del FBI en El Paso ha apoyado al gobierno en importantes investigaciones referentes a, por lo menos, tres categorías de crímenes masivos y desapariciones. En el primer caso, dio sustento a los únicos cargos por homicidio formulados contra el líder del cartel de los Carrillo Fuentes, Vicente Carrillo Fuentes, quien fue acusado de ordenar numerosas ejecuciones y detenciones en la década de los noventa. El FBI también aportó a México información sobre la participación del ejército en la guerra sucia, lo que ocasionó que varios generales del ejército fueran sometidos a juicio por su papel en esa oscura época. Asimismo, el FBI entregó pistas sobre los crímenes contra mujeres. Es muy sospechoso que ni las autoridades federales o estatales hayan actuado con base en estas pistas, además de mostrarse reacias a la directa participación del FBI en las investigaciones de los homicidios de mujeres. Sin duda, las semillas plantadas en México que dieron lugar a los femicidios no fueron sembradas en los años noventa; fueron cultivadas décadas atrás durante la violenta represión gubernamental en contra de movimientos sociales y políticos.

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Operación Plaza Sweep
Residentes en Estados Unidos pudieron observar dentro del cartel a través de la Operación Plaza Sweep (Limpieza de Plaza), efectuada por el FBI en 1999. Esta investigación binacional, sin precedente, trazo nuevas rutas en esta materia. David Alba, en ese tiempo agente especial a cargo de la agencia federal estadounidense en El paso entabló comunicación con altos funcionarios federales de México después de recibir información creíble, procedente de testigos que aseguraban que el cartel había sepultado los cadáveres de hombres y mujeres desaparecidas en varios inmuebles de su propiedad en Juárez. La mayoría de la gente recuerda estos operativos a raíz de que los primeros reportes señalaban que quizá más de cien cuerpos podrían ser exhumados en esos sitios. El FBI tenía especial interés en el destino de ciudadanos de Estados Unidos que fueron vistos por última vez en Ciudad Juárez antes de desaparecer. Como resultado de este esfuerzo, fueron recuperados los restos de cuatro paseños.

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Informante clave
El FBI aseguró contar con un informante que aportó datos precisos sobre la ubicación de las tumbas clandestinas. Al principio, éste acudió ante la DEA en El Paso, “pero se le tomó a burla”, según un alto oficial. Pero este sujeto, decidido a relatar su historia, se encaminó a la oficina del FBI. Aun cuando los investigadores del FBI se mostraron escépticos, éste insistió hasta que se le escuchó y pudo entablar comunicación con el agente federal del FBI Héctor CamariIlo, quien era residente experto en el cartel del narcotráfico y se percató de que realmente la historia de esta persona revestía credibilidad, así que consultó con sus superiores. Por lo menos treinta ciudadanos de Estados Unidos, incluyendo a Saúl Sánchez Jr. y su esposa Abigail Sánchez, continuaban desaparecidos en Juárez. (Casi nueve años después, una fuente de la PGR relató que elementos de la propia procuraduría y algunos sicarios, estuvieron involucrados en el secuestro de los Sánchez.) Los colaboradores de Alba, sin embargo, se enfrentaron a cierta resistencia por parte de la oficina de enlace del FBI en la embajada de Estados Unidos en el Distrito Federal. Alba requería tener la total certeza del interés del gobierno federal en llevar en conjunto este caso. Las opiniones estaban divididas dentro del FBI en El Paso, en el sentido de la conveniencia de proceder a una investigación en la frontera. Alba se quedó aún más desconcertado cuando Edmundo Guevara, un oficial del FBI asignado a la embajada de Estados Unidos en México, dio a entender al FBI de El Paso que sus homólogos mexicanos no tenían ningún interés en ese operativo. Tiempo después, Guevara sustituyó a Alba como jefe de la oficina en El Paso.
Alba resolvió no perder más tiempo por las vías diplomáticas y se dirigió al procurador, Jorge Madrazo. El caso traía complicaciones innegables, incluyendo la posibilidad de que agentes federales de Estados Unidos tuvieran que colaborar conjuntamente con policías que pudieran tener algunos compromisos con los cárteles. Alba se entrevistó con Madrazo, quien después de verificar los informes, aceptó participar. Madrazo pretendía iniciar los operativos en septiembre de 1999, pero el FBI argumentó que requería más tiempo para coordinar la logística en estos operativos. El FBI, quien recibió luz verde desde su cuartel general en Washington, convocó a numerosos agentes y expertos forenses para colaborar en estas acciones. Alba designó a Frank Evans, su asistente especial, para encabezar los operativos. Evans estaba preparado para este tipo de trabajo debido a su experiencia en estas investigaciones. También había investigado a la mafia italiana en Estados Unidos. “No podíamos trabajar con la policía local de Juárez debido al omertá [pacto de silencio] que guardaban”, dijo Evans. “Por eso nos fuimos con la gente de confianza de Madrazo.”
Para los operativos de campo, el FBI montó un anfiteatro temporal en El Paso, e instaló un sistema de comunicación por satélite, para que los altos funcionarios pudieran observar el curso de las excavaciones desde sus oficinas. (El ejército estadounidense empleó el mismo sistema de comunicaciones que utilizara durante la guerra contra Iraq en 2003.) México, por su parte, tuvo la encomienda de proveer seguridad extraordinaria al personal del FBI que trabajaría en Juárez. Madrazo desplegó a cientos de soldados y agentes federales, enviados desde la ciudad de México, para resguardar esta investigación sin precedentes.
Justo al ser lanzado este operativo, mi encomienda para el periódico de El Paso consistió en reportar las actividades del rancho en el sur de Juárez conocido como Rancho de la Campana, donde habían desenterrado cinco cuerpos. El primer día de nuestra cobertura, escribí cinco historias para el periódico y aparecí en el programa Nightline de Ted Koppel, de la cadena de televisión ABC, programa diseñado para responder a las preguntas sobre las desapariciones en Juárez. Para los estadounidenses que no viven en la frontera, era difícil imaginar cómo, literalmente, cientos de personas podían desaparecer sin dejar huella. Yo dije en Nightline que según nuestra información el modus operandi era el mismo en la mayoría de los casos: grupos de comandos armados portando uniformes de policía y blandiendo rifles de asalto, aparecían y huían con sus víctimas. Mientras es motivo de polémica que algunos de los hombres armados sean falsos agentes policíacos, numerosos testigos declararon que las unidades de la policía municipal en Juárez con frecuencia escoltaron o rodeaban el área durante las violentas detenciones. Para la mayoría de la gente, las redadas parecían arrestos verdaderos. Sin embargo, familiares que después preguntaban a los agentes federales y policías municipales sobre el paradero de sus familiares desaparecidos, eran informados por la policía que no sabían nada de estas víctimas.

Estaban enterados
Jaime Hervella, fundador de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos, en El Paso, comentó que Arturo Chávez Chávez le dio una respuesta alarmante cuando le preguntó sobre uno de los desaparecidos. Chávez era el procurador general de Justicia estatal durante la administración de Francisco Barrio. Chávez nos dijo: “Debo admitir que [el procurador Antonio Lozano Gracia] no me notificó de las detenciones”. Asimismo, Hervella comentó que entre los desaparecidos se encontraban empresarios, abogados, mujeres, militares y comandantes de policía. Supuestamente, algunas víctimas eran arrojadas desde aviones sobrevolando las montañas de la sierra de Chihuahua. Las autoridades de Juárez se lavaron las manos en este asunto al culpar de estos misteriosos secuestros al cartel. Cuando se trataba de estos casos, oficiales federales y estatales se echaban la pelota unos y otros. Los oficiales de Chihuahua consideraban que funcionarios federales eran quienes debían investigar, mientras que los oficiales federales respondían que estos casos eran de la competencia de la policía estatal.
Las autoridades abordaron de la misma manera las ejecuciones del narcotráfico. A principios de 2004, Loren Magaña, codirectora, en Juárez, de la asociación, comentó que este grupo había documentado hasta 700 desapariciones (hombres en su mayoría) desde 1993. Como resultado de la etiqueta de narcotraficante que oficialmente les eran impuestas a las víctimas, muy poca gente de la comunidad estaba dispuesta a abogar por ellos. Era más fácil protestar por los asesinatos de mujeres. Pero no todos los desaparecidos estaban vinculados con el cartel. Algunos de ellos sólo estuvieron en el lugar equivocado, a la hora equivocada, o fueron desaparecidos por venganza o por motivos no relacionados con el tráfico de drogas. Por ejemplo, la paseña Claudia M. Rincón, de 27 años, desapareció el 14 de julio de 2000, cuando se dirigía a reunirse con Fernando Flores, el hijo de un alto funcionario policial de Juárez. El FBI revisó el caso, pero estaba limitado en la realización de su trabajo al lado estadounidense de la frontera, mientras el sospechoso principal se encontrara en territorio mexicano. Resulta que el sospechoso no pasó la prueba del detector de mentiras que le administró el FBI.
Judith Galarza, una antigua activista en Juárez, criticó el Operativo Plaza Sweep porque no estaba encaminado a la investigación de mujeres desaparecidas y asesinadas. Ella y otros activistas notaron que los cuerpos de varias mujeres habían sido encontrados en áreas cercanas a dos de las fosas clandestinas del operativo del FBI. Al inicio de mi investigación, no estuve de acuerdo con algunos activistas y académicos sobre el cartel en los asesinatos de mujeres. Ellos consideraron que los traficantes nada tuvieron que ver con los asesinatos. Pero siempre sospeché que el cartel y la corrupción policíaca eran las razones por las que las investigaciones de los asesinatos no progresaban. Lo que es más, el cartel proporcionaba el escaparate perfecto para encubrir asesinos en serie, imitadores, pandillas, traficantes y hombres de poder que tenían como blanco a mujeres jóvenes.

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Silencio oficial
Hasta Plaza Sweep, la única respuesta que las familias de los desaparecidos recibieron del gobierno fue el silencio absoluto. Amenazas y hostigamientos también desalentaron a muchos de los familiares de las víctimas para presentar denuncias por desaparición de personas. Un detective de homicidios en Chihuahua había contabilizado a 1.100 homicidios de hombres en Juárez entre 1993 y 1999. Pero cientos de estos asesinatos se registraron después. La suma es espeluznante cuando le sumamos la cifra de hombres y mujeres asesinadas y de los desaparecidos. Teniendo en cuenta el contexto de violencia en Juárez, es lógico considerar que muchos de los hombres (y algunas mujeres) desaparecidos ya estén muertos. Mucho se desconoce de las demás mujeres desaparecidas como para concluir si están vivas o muertas. Juárez es un importante escenario para el tráfico humano, pero los funcionarios tienen que investigar si las mujeres fueron llevadas a otros lugares de México o hacia Estados Unidos. Por ejemplo, poco después del levantamiento de los zapatistas en Chiapas, en 1994, salió a relucir que el Ejército reclutaba mujeres como sexoservidoras para los soldados que vigilaban esa zona. ¿De dónde las traían? En 2004, una fuente del CISEN dijo que se sospechaba que el cartel de Ciudad Juárez había infiltrado y financiaba uno de los movimientos de rebelión en ese estado. En otro de los casos, funcionarios de la PGR habían declarado que el cartel de Tijuana tenía nexos con un grupo guerrillero en Colombia para intercambiar drogas y armas. Chiapas es un estado de tránsito importante para el tráfico de drogas, robo de autos, armas y personas. A Patricia Garibay, hermana de uno de los desaparecidos en los años noventa, le comentaron personas relacionadas con el narco que a algunos de los desaparecidos los mantenían laborando en plantíos en Chiapas, “y que a algunos afortunados los dejaban regresar a sus casas después de cierto tiempo”.

Nueve ejecutados
Plaza Sweep también enfrentó críticas severas por parte de varios políticos, quienes la calificaron como una invasión a la soberanía de su país, a pesar de que los mismos funcionarios habían invitado al FBI a investigar. Uno de los críticos fue el senador Francisco Molina Ruiz, excomisionado del Instituto Nacional contra las Drogas y exprocurador de Chihuahua. Jaime Hervella y otros integrantes de su asociación dijeron que cuando Molina Ruiz era procurador, éste comentó públicamente que los desaparecidos tenían que ser “o adictos o homosexuales”. Los investigadores de Estados Unidos y México se toparon con las críticas principalmente porque fracasaron en localizar todos los cadáveres que la gente se inclinaba a creer que serían recuperados mediante ese operativo. El FBI exhumó los restos de nueve hombres, quienes fueron severamente torturados antes de ser acribillados y sepultados, según los expertos. Los oficiales de Estados Unidos mencionaron que Vicente Carrillo Fuentes, acusado por las autoridades estadounidenses por la muerte de siete de estas víctimas, presenció algunos de estas ejecuciones. Además de los cinco cuerpos encontrados en el sur de Juárez, en un lugar conocido como Rancho de la Campana, otros dos fueron localizados en una finca a cinco kilómetros hacia el sur. Y otros dos se rescataron en un rancho en Santa Rosalía, controlado anteriormente por el líder del cartel de Juárez, Eduardo González Quirarte. (Este último es lugarteniente de Juan José Moreno Esparragoza, el Azul, un narcotraficante cuya hija, Nadia, al parecer mantuvo un romance con el gobernador panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal. El Azul fue elemento de la Dirección Federal de Seguridad antes de convertirse en traficante del cartel de Juárez.) El rancho de Santa Rosalía está cercano al Rancho de la Campana. Aun cuando los oficiales del FBI fueron notificados de que la mayoría de las víctimas -tal vez docenas- estaban sepultadas en el rancho de Santa Rosalía, ellos tenían información específica solamente para dos de las víctimas. Sin dar mayor detalle, Frank Evans comentó: “Era un terreno demasiado grande para estos operativos”.

Federales a prueba
Para la investigación, el FBI sometió a pruebas de polígrafo a los principales oficiales federales asignados para trabajar con ellos. Los oficiales accedieron a someterse a cualquier prueba y a la investigación de sus antecedentes. Trini Larieta y el doctor Miguel Aragón fueron de los funcionarios de la Procuraduría General de la República que solicitaron y pasaron la prueba del polígrafo. Los agentes del FBI que habían cruzado la frontera el 29 de noviembre de 1999 en busca de víctimas, suspendieron las excavaciones y regresaron a El Paso a mediados de diciembre. En ambos lados de la frontera, la investigación, al final, se desvaneció. Antes de que terminara, Alba fue ascendido y transferido a Washington. Dejó en su lugar a Frank Evans para que continuara con los trabajos. La operación concluyó poco después de que Edmundo Guevara asumiera el cargo como agente especial del FBI en El Paso. Los oficiales del FBI comentaron que Guevara había insultado al doctor Aragón, a quien se le había dado espacio para trabajar en las oficinas de la agencia durante el operativo. Al sentirse persona non grata, Aragón se retiró después de su desagradable encuentro con el nuevo jefe del FBI. Los agentes mencionaron que Guevara cerró la investigación por la parte estadounidense y destinó a los agentes a otros casos. En México, Madrazo y sus colaboradores pagaron también un alto precio por su actuación en estos operativos. Larieta estuvo a punto de formar parte de una controversia, y al igual que el doctor Aragón, salió de la PGR. Después de que Fox asumiera la presidencia, Madrazo fue nombrado cónsul en Oregon, en tanto que el funcionario que fuera el cerebro del famoso maxiproceso, fue enviado a un consulado en Europa.

Siguen ajustes del cartel
El cartel Carrillo Fuentes continuó con su reinado en Juárez y un mayor número de mujeres fueron asesinadas. En 2001, el cuerpo de Jesús Sotelo, un narcotraficante, fue hallado a un lado del Rancho de la Campana, y dos años después, Daniel Sotelo, un familiar y también narcotraficante, fue asesinado en Chihuahua. Pero la aportación del FBI no concluyó con los nueve cuerpos encontrados o con la acusación formal del capo. La operación también dirigió al FBI hacia territorio no explorado, así como a significativas pistas respecto a las desapariciones de hombres y mujeres en México durante las décadas de los setenta y ochenta. Los oficiales dicen que la revelación de estos detalles hubiera ocasionado un terremoto político en México. Esta parte de la Operación Plaza Sweep se menciona por primera vez aquí.

El FBI y la guerra sucia
Rosario Ibarra de Piedra estuvo en Juárez, en 2002, para expresar su solidaridad a las madres de las víctimas asesinadas o desaparecidas. Me reuní brevemente con ella en un domicilio del centro de Juárez, en el cual se encontraban Marisela Ortiz, cofundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, la profesora Julia Monárrez, del Colegio de la Frontera Norte y el criminólogo Óscar Máynez. Ibarra, una mujer de 70 años y exlegisladora, activista ampliamente respetada por su labor pro los derechos humanos que ha luchado contra el gobierno durante décadas en su peregrinar para averiguar qué ocurrió con su hijo desaparecido Jesús Piedra, un estudiante de medicina señalado como líder de movimientos comunistas en México. Los fiscales mexicanos quienes acusan a Miguel Nazar Haro de la desaparición de éste, en 1975, en Monterrey, dijeron que el estudiante universitario fue detenido por la policía estatal y visto por última vez en 1976, en el Campo Militar Número Uno, en la ciudad de México.
Aun cuando Nazar insiste en negar su intervención en las torturas, admitió haber fundado la Brigada Blanca, un grupo paramilitar que detectaba a los sospechosos de disidencia en varios estados de la república, incluyendo Chihuahua. La Brigada Blanca estaba vinculada a la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, encabezada por Nazar y Luis de la Barreda Moreno, y era integrada por policías y soldados que actuaban bajo las órdenes de esta agencia. Por más de treinta años, el gobierno negó la existencia de la brigada secreta. Las medidas represivas aplicadas contra los disidentes se registraron durante las administraciones de los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo.
Los sobrevivientes de la guerra sucia en México sostuvieron que víctimas de torturas a manos de la policía y detenidos de manera ilegal fueron llevados a cárceles clandestinas y cuarteles militares. En vista de las reiteradas negativas oficiales, el mayor obstáculo que estas personas encontraron fue el que alguien les creyera. Rosario Ibarra estuvo ese día entre las mujeres de Juárez, a quienes alentó para que persistieran en su búsqueda de la verdad. A ella le había tomado toda una vida obtener algunas verdades, pero la justicia tan anhelada aún la evadía. Vicente Fox, el primer candidato de un partido de oposición electo presidente, no fue el primer funcionario federal de alto nivel en escuchar sus demandas. Ibarra no tenía la menor idea (ni nosotros tampoco) de que el FBI en El Paso contaba con la clave de los secretos más celosamente guardados en México sobre el destino de cientos de sus hijos e hijas.

EL FBI culpa al ejército
Sin quererlo, la fuerza de elite estadounidense se ha convertido en el centro de convergencia para el candente tema de los derechos humanos. La Operación Plaza Sweep, llevada a cabo por la agencia en 1999, condujo al FBI hacia un nuevo territorio surgido del arranque de la investigación de las fosas clandestinas. El gobierno de Estados Unidos mantuvo oculto este operativo, pero el FBI proporcionó el resultado de las investigaciones al gobierno federal. Jorge Madrazo era procurador cuando su oficina y la agencia estadounidense iniciaron la Plaza Sweep. Madrazo, quien continuó en el gobierno como cónsul en Estados Unidos, no ha mencionado palabra alguna de este explosivo y voluminoso expediente del FBI. Obtuve la primera pista al recibir un mensaje que decía: “Pregunte sobre los generales”. Pero habrían de transcurrir dos años antes de recibir una respuesta. Escribí sobre la detención de los generales Mario Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo en agosto de 2001, después de que la oficina de Madrazo anunciara que estaban acusados de proteger al cartel de los Carrillo Fuentes. En Estados Unidos, las autoridades federales consignaron a Vicente Carrillo Fuentes al haber ordenado supuestamente el asesinato de diez hombres en Juárez, incluyendo algunos cuyos cuerpos fueron descubiertos durante la excavación de fosas clandestinas en varios ranchos del cartel. Pero ni Madrazo ni su asistente Trini Larieta mencionaron, en esa ocasión, los cargos restantes que habrían de enfrentar los generales como resultado de una investigación del FBI. Ibarra y organismos internacionales como Human Rights Watch habían acusado al poder militar de México de serias violaciones a los derechos humanos, pero el gobierno respondía con silencio o negativas. Asimismo, los militares insistieron en refutar cualquier participación en la guerra sucia del país. Revelar lo que el FBI tenía hubiera provocado un escándalo político.
Para llevar a cabo esta minuciosa investigación sin precedente, esta agencia federal tenía a su disposición importantes herramientas, desde informantes hasta un arsenal de archivos de inteligencia. “No hay un investigador en México que sepa con lo que cuenta el FBI [...] las capacidades de éste van más allá de lo que la PGR siquiera imagina”, mencionó la fuente de la agencia federal. Para esta parte de la investigación, el FBI estaba autorizado a hurgar en los bancos de inteligencia de Estados Unidos para desarrollar un archivo detallado del polémico papel desempeñado por el ejército en las décadas de los setenta y ochenta. “Como resultado de ello, fuimos capaces de documentar las muertes de 600 personas en México, en donde el ejército estaba involucrado”, dijo la fuente del FBI. La agencia contaba con testigos de estos hechos, así como otros informes fidedignos. También proporcionó al procurador general de la República los nombres de los principales militares implicados y de los testigos presentes durante los secuestros militares, encarcelamientos y ejecuciones. El resto ya dependía del gobierno. “Entregamos a los funcionarios mexicanos suficiente información para que la utilizaran como base de su propia investigación”, expresó la fuente de la agencia. El problema ahora era ubicar a los implicados en los expedientes y que también tenían conocimiento de los hechos. De cualquier modo, el FBI había resuelto uno de los más grandes misterios en México.
Conscientes de que el vecino país del norte estaba enterado de todo, el gobierno ya no pudo darse el lujo de hacer a un lado lo inevitable -juzgar a sus elites militares consideradas intocables. El reporte del FBI mencionó que los militares Acosta y Quiroz eran reclutas cuando ellos y otros miembros de las fuerzas castrenses participaron en esta crisis política. Otros elementos se han retirado del servicio. Pero aparentemente, la Procuraduría General de la República tardó en emprender acciones respecto a los informes emitidos por el FBI. Una fuente del FBI dio esta explicación: “Fue tan vergonzoso que Edmundo Guevara concluyera la Operación Plaza Sweep, que fue necesario demorar cualquier aspecto del caso que pudiera tener un fuerte impacto para el gobierno”.
Posteriormente, México nombró a un civil como fiscal, quien fue presionado para investigar el papel del ejército en la desaparición política de hombres y mujeres. Según un informe de derechos humanos referente a México y elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Quiroz y Acosta “estaban implicados en las muertes y desapariciones de 143 personas durante la década de los setenta”. Sin embargo, un tribunal militar decidió que los acusados podrían ser juzgados sólo por 22 muertes (los juicios militares están cerrados al público). En noviembre de 2003, una persona cuyo nombre era Horacio Zacarías Barrientos Peralta fue asesinado a tiros en el estado de Guerrero. El hombre, de 55 años, mencionado en el expediente del FBI entregado anteriormente a México, había sido citado a declarar en contra de los principales implicados en la guerra sucia. Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal asignado para dar seguimiento a los alegatos en contra de la milicia, sostuvo que el asesinato de Barrientos no perjudicaría este caso gubernamental al tener más pruebas a la mano. Una cuestión delicada con activistas de derechos humanos fue que el general Acosta era graduado de la Escuela de las Américas de Estados Unidos, en donde, según sus detractores, lo adiestraron en la técnica de las torturas aplicadas a las víctimas de México. Amnistía Internacional y otras organizaciones cuestionaron si Rafael Macedo de la Concha, siendo militar, estaba dispuesto a impulsar la investigación hasta sus últimas consecuencias.

El ejército y el narco
En agosto de 2002, funcionarios judiciales dieron a conocer que un informante clave en el caso presentado en contra de los generales era el excapitán del ejército Gustavo Tarín. Según La jornada, las autoridades lo entrevistaron exhaustivamente en El Paso. Tarín sostuvo que Quiroz había autorizado el uso de aviones militares en la década de los setenta para el transporte de presos políticos y drogas. Tarín, uno de los informantes del FBI en El Paso con relación a la Operación Plaza Sweep, dijo también que durante algunos de esos viajes, los disidentes políticos al parecer fueron lanzados desde helicópteros. En los años noventa, al parecer el cartel también se deshizo de gente al arrojarla desde aviones o helicópteros del gobierno, justo durante el vuelo. Oficiales militares como Acosta, Quiroz y otros colegas habían utilizado lo practicado durante la guerra sucia, como apoyo al cartel. Kate Doyle, una analista experimentada para el Archivo de Seguridad Nacional (instituto de investigación privada en Washington), declaró a The Washington Post que documentos desclasificados demuestran que funcionarios de Estados Unidos estaban al tanto de cómo el gobierno mexicano “se había librado de sus opositores”, pero resolvieron concentrarse en temas de “mayor interés por parte de Washington, como el comercio y el petróleo”. El tiempo y las circunstancias dejaron entrever que las cosas no han cambiado cuando se trata de los crímenes contra mujeres. Por sus declaraciones a los medios de información en 2004, José Santiago Vasconcelos, brazo derecho de Macedo de la Concha, dejó en claro que no iba a haber nada, por parte del gobierno, en relación con gente importante que estuviera implicada en cualquiera de los dos asuntos -la guerra sucia o los asesinatos de las mujeres. “Qué decepción. Antes contábamos con Vasconcelos. En verdad, ya no hay nadie con quien trabajar”, expresó un oficial estadounidense.
Durante la gestión del presidente Miguel de la Madrid, la CIA adiestró a un equipo elite de militares que formaron parte de una unidad de inteligencia, según Laurie Freeman y José Luis Sierra. El equipo recibió instrucciones de rastrear y localizar a los barones de la droga y diseñar estrategias para desmantelar los cárteles. Después, en 1996, el ejército estadounidense creó un programa para adiestrar y equipar “tropas de choque antinarcóticos” denominada Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFES). Los nuevos comandos elite fueron comisionados en todo el territorio nacional para dar con su paradero y detener a los narcotraficantes, particularmente en el estado de Jalisco y en la frontera México-Estados Unidos, según Freeman y Sierra. El escritor Rafael Loret de Mola ha entrevistado al general Jesús Gutiérrez Rebollo en el penal de Almoloya de Juárez sobre los “rambos”, como les dice él, y Gutiérrez dijo que “tienen carta blanca para realizar todo tipo de actividades secretas y por toda la geografía nacional [...] yo firmaba sus cheques y nunca les vi la cara”.
Al igual que ha ocurrido con otros programas, algunos de los GAFES de elite desertaron de las filas militares para unirse al narcotráfico, además de que oficiales federales estadounidenses han confirmado que los desertores (los Zetas) han prestado sus servicios como sicarios. ¿Cómo es que estos equipos nunca dieron con los Carrillo Fuentes, el Azul Esparragoza o Eduardo González Quirarte, los barones del cartel de Juárez? En estos lugares de México, adonde despachaban los equipos antidrogas casi desde el Pentágono, también se ensayaba otra cosa. Una guerra contra el narco al estilo “Rambo”. Las mafias tenían que responder con una contraguerra. Los lugares en disputa representaban plazas del contrabando, y los futuros sitios de una gran ola de femicidios. En el año 2004 se llevó a cabo una táctica distinta, utilizando a bandas de comandos armados financiados al parecer por los sectores privados de México y Estados Unidos. Se les podía llamar paramilitares. La tarea de la Operación Dropkick de una banda era infiltrar y tumbar el cartel de drogas de los Arellano Félix. Según el equipo antidrogas privado, los carteles gastaron millones de dólares para rastrearlos. Así los narcotraficantes lograron asesinar a algunos de ellos, pero los “rambos” se infiltraron de tal manera que casi fue imposible identificarlos. Podían ser los grandes héroes del día, pero sin saber a quienes responden estos grupos encubiertos, también es difícil determinar si son respaldados por los gobiernos, por gente de un auténtico espíritu cívico, o por otros mafiosos que desean eliminar a sus rivales. Por casualidad, una de estas bandas privadas se topó con uno de los asesinos de las mujeres de Ciudad Juárez, y adquirió evidencia de este hombre por otros crímenes. No hay que olvidar que en los asesinatos de Digna Ochoa y Norma Corona, abogadas que se dedicaban a luchar por los derechos humanos, está implicado el ejército o los elementos antidrogas que trabajan con el ejército. La CIA debe saber muy bien quiénes fueron los autores intelectuales de sus muertes. He sospechado por mucho tiempo que la CIA también sabe la historia entera de los femicidios de México, pero es un asunto que siguen tratando como secreto de Estado. Debemos preguntar aquí: ¿para el beneficio de quién? Durante una época, según la revista La Crisis, las agencias de inteligencia de Estados Unidos utilizaron un rancho del capo Rafael Caro Quintero para entrenar a los contras de Nicaragua, y al parecer, Manuel Bartlett estaba informado de esto. La periodista Dolia Estevez reveló esto en una de sus columnas, citando a Ralph McGehee, un supuesto desertor de la Agencia Central de Inteligencia. No por nada le advirtió un barón de las drogas a Ana que “nada se podía hacer en relación con los femicidios”.

Mujeres de la guerra sucia
Leticia Galarza, hermana de la activista de Juárez, Judith Galarza, fue una víctima de la Brigada Blanca. Judith explicó que su hermana era sospechosa de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre, y fue desaparecida, en 1978, a manos de fuerzas de seguridad en la ciudad de México. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de su paradero. Durante la búsqueda de Leticia, la familia de la desaparecida se dio cuenta de que había dado a luz, probablemente dentro de la prisión. La familia logró localizar y recuperar al infante, pero nada de Leticia. Julián Mata, un activista miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFADEM), viajó a Ciudad Juárez en el 2001 para reunirse con miembros de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas de Juárez y El Paso, Texas. El propósito de la visita fue lograr que canales internacionales pudieran presionar a las autoridades para saber qué les ocurrió a las personas que desaparecieron en la década de los noventa, y cuyas desapariciones son atribuidas al cartel por los funcionarios de México y Estados Unidos. Asistí a la reunión con Mata, la cual se llevó a cabo en el domicilio de Loren Magaña, cuñada del desaparecido comandante Alfonso Magaña.
Mata comentó después que algunas de las mujeres, encarceladas durante el combate contra los disidentes en México, fueron violadas como una forma de tortura. Algunas resultaron embarazadas, y sus verdugos acentuaron su tortura al amenazarlas con quitarles a sus criaturas. Mencionó que algunas mujeres fueron recluidas en la cárcel después de ser acusadas falsamente de ejercer la prostitución, e incluso que los niños a quienes dieron a luz dentro de la prisión eran “robados”. Uno de los casos más sonados es el de Alicia de los Ríos Merino, quien fue detenida el 5 de enero de 1978, por elementos de la DFS y el ejército en México. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ella fue vista con otros en el Campo Militar Número Uno. Alicia fue acusada de ser integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre pero hasta hoy sigue desaparecida. La Brigada Blanca también llevó a cabo redadas en Juárez, y varias personas de Chihuahua siguen desaparecidas. Algunos como Minerva Armendáriz Ponce lograron su libertad. Según la Agencia Reforma de noticias, ella tenía 16 años cuando fue secuestrada en 1973, y la llevaron a la Quinta Zona Militar de Chihuahua, de donde fue trasladada por elementos de la DFS a la ciudad de México y llevada a una cárcel clandestina para ser torturada. El hermano de Minerva, Carlos Armendáriz Ponce, miembro del Movimiento Armado Revolucionario (MAR), fue asesinado en la sierra tarahumara junto con otros estudiantes. En julio de 2004, la exintegrante del MAR, declaró a la prensa que “los caídos, los desaparecidos, todas esas familias destrozadas merecen justicia [...] se trata de crímenes de lesa humanidad”. En caso de que el gobierno dé seguimiento a los informes otorgados por el FBI, Judith Galarza probablemente viva lo suficiente para presenciar una conclusión en el caso de su hermana.
La complicidad de funcionarios con el narcotráfico en ese tiempo, además de la tolerancia hacia toda clase de abusos, se combinaron para alimentar la corrupción oficial, sin precedente, que alcanzó su punto culminante con los crímenes contra mujeres. Los enlaces de complicidad se fueron tejiendo antes de la década de los noventa, y sirvieron después para sembrar el terror e